Detenido un periodista tunecino por "injuriar al Ejército" en una entrevista

En el último año, la justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares contra magistrados

Foto de archivo LD alusiva a una persona detenida

Foto de archivo LD alusiva a una persona detenida

La justicia militar tunecina ordenó mantener en detención provisional al periodista Salah Attia, que compareció este lunes acusado de "injuriar al Ejército" y "atentar contra el orden público", tras sus declaraciones sobre la institución castrense en un medio extranjero, informó su abogado Samir Ben Amor en las redes sociales.

En una entrevista concedida este sábado a la cadena qatarí Al Jazira, Attia aseguró que el presidente, Kais Said, ordenó a las fuerzas de seguridad clausurar la sede de la central sindical UGTT antes de su huelga general, prevista el próximo 16 de junio en la función pública, y poner a sus dirigentes bajo arresto domiciliario; ante lo que el Ejército se negó e informó al sindicato.

"Se diría que estamos en los últimos del régimen de Ben Ali", señaló el periodista, que denunció el "golpe de Estado" del mandatario, que el pasado mes de julio se arrogó plenos poderes y gobierna desde entonces por decreto para "preservar la paz social".

Horas después de la emisión, la Justicia abrió una investigación judicial y Attia fue puesto en detención policial tras negarse a desvelar sus fuentes.

Por su parte, la UGTT, que denunció días antes ser víctima de presiones por parte de las autoridades tras negarse a participar en un diálogo nacional que excluye a los partidos políticos, desmintió en un comunicado estas declaraciones "engañosas".

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Túnez cayó 21 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa, uno de los grandes logros de la revolución de 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países.

En el último año, la justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares contra magistrados, responsables de instituciones, empresarios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión.

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