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Academia Ecuatoriana de la Lengua denuncia el cierre de Academia Nicaragüense

La Academia Ecuatoriana expresó su solidaridad con sus pares nicaragüenses, así como con "los intelectuales, artistas y académicos del país centroamericano en esta hora trágica".

La Academia Ecuatoriana de la Lengua calificó este lunes de un "atropello al derecho humano de asociarse" el cierre como ONG de la Academia Nicaragüense de la Lengua, ordenado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La institución ecuatoriana señaló en un comunicado que "este desafuero traiciona el legado humanista, intelectual y libertario de nombres emblemáticos de la cultura hispanoamericana que nacieron en las tierras de Nicaragua, entre ellos Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Pablo Antonio Cuadra o José Coronel Urtecho".

"Llamamos a denunciar esta agresión contra la Academia Nicaragüense de la Lengua en todos los estamentos políticos, sociales y culturales", señaló el comunicado de la Academia Ecuatoriana, suscrito por su directora, Susana Cordero de Espinosa, y por su secretario, Francisco Proaño.

Asimismo, exhortó a "señalar en dichas esferas el carácter dictatorial de una medida más, entre otras, que ha venido perpetrando el régimen militar de ese país, centrado en abusar y suprimir las libertades y derechos legítimos de ese hermano pueblo".

La Academia Ecuatoriana expresó su solidaridad con sus pares nicaragüenses, así como con "los intelectuales, artistas y académicos del país centroamericano en esta hora trágica".

Por su parte, la Real Academia Española (RAE) advirtió también este lunes en un comunicado su "profunda preocupación" y reivindicó "el derecho de la Academia Nicaragüense a servir a sus conciudadanos" en la preservación de la lengua, al recordar que lleva 94 años "de fecunda existencia al servicio del mayor valor cultural de la nación".

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, 8 meses después de que estallara una revuelta popular —originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social— calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, ha dicho que las ONG que han sido ilegalizadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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