México avala el aborto a partir de los 12 años en casos de violación
embarazo/ Fotografia de archivo
El Tribunal Supremo de México ha avalado este martes la interrupción legal del embarazo en casos de violación sin necesidad de autorización judicial o, en caso de niñas mayores de 12 años, sin autorización de los padres.
"La Convención sobre los Derechos del Niño introduce el concepto de evolución de las facultades del niño al estipular que la dirección y orientación impartidas por los padres, o encargados legales, deben tomar en consideración su capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia", ha aseverado el juez del Tribunal Supremo, Luis María Aguilar, tal y como recoge el diario mexicano 'El Financiero'.
A partir de ahora, todos los hospitales públicos mexicanos deberán practicar abortos a mujeres mayores de 12 años en casos de violación sin necesidad de que las victimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos.
Así, el presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar, ha explicado que agregar elementos como una orden judicial para llevar a cabo el aborto solo estaría "revictimizando" a las mujeres que sufren una violación.
"Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad", ha precisado Zaldívar, agregando que no se debe obstaculizar, sino al contrario, se deben adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo para que se lleve a cabo en condiciones dignas.
En este contexto, la jueza Margarita Ríos Farjat, ha dicho que "este sufrimiento extiende los efectos del delito y obliga a las adolescentes a mantener un embarazo no deseado producto de un hecho traumático, que de todas maneras la práctica demuestra que deciden abortar y lo llevan a cabo".
El presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, anunció en septiembre que el Consejo de la Judicatura Federal de Mexico (CJF) aprobó una acuerdo para el asesoramiento, representación y defensa de las familias de víctimas de feminicidio, así como a mujeres procesadas, sentenciadas o acusadas de haber abortado.