Obispo nicaragüense dice que Gobierno de Ortega quiere "una iglesia muda"
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien inició un ayuno, oración y exorcismo indefinidos hasta que finalice el asedio policial que sufre, dijo este viernes que el Gobierno del presidente Daniel Ortega quiere "una iglesia (Católica) muda", pero que "si la iglesia callara, las piedras gritarían".
"Lo que pienso es que no solo de mí, sino que en general de los pastores de la iglesia", lo que el Gobierno quiere "es una iglesia muda, que no anuncie la esperanza del pueblo (...) y la denuncia del pecado personal y de las estructuras de injusticia", anotó el obispo Álvarez en una conferencia de prensa improvisada desde la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, ubicada en las afueras de Managua.
"Si la Iglesia callara, las piedras gritarían", agregó el jerarca ante un reducido grupo de medios de comunicación, entre ellos la Agencia Efe, que logró ingresar a la parroquia antes de que fuera sitiada por decenas de agentes policiales.
Álvarez explicó que, si bien es vigilado desde que empezó a denunciar supuestos abusos del Gobierno, tras el estallido social de abril de 2018 que dejó cientos de muertos, fue hasta ayer jueves que sufrió "una real, verdadera y auténtica persecución" policial.
Aseguró que "dos patrullas de la Policía sandinista, totalmente llenas de policías, (más) cuatro policías en dos motocicletas", lo persiguieron "durante todo el día" en todos sus movimientos, por lo que, por su seguridad y la de su familia, optó por viajar de la ciudad de Matagalpa hacia Managua y comenzar el ayuno indefinido, oración y exorcismo.
RESPETO A SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CIVILES
El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador de la de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, confirmó que no consumirá más que agua y suero de forma indefinida hasta que la Policía garantice, a través del Episcopado, que respetará sus "derechos constitucionales, civiles, de libre movilización y privacidad de mi familia".
Explicó que con su ayuno busca evitar que la persecución policial injustificada sea vista como algo normal.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha intentado establecer comunicación con la Policía Nacional, que dirige un consuegro del presidente Ortega, para que retire el asedio contra Álvarez, pero no han obtenido respuesta, comentó el obispo.
Este viernes, dos patrullas de la Policía amanecieron frente a la parroquia en la que Álvarez se encuentra "hospedado", también de forma indefinida, constató Efe.
Conforme pasaban las horas, el número de agentes aumentó y la calle, frente al templo, fue bloqueada cuando varios periodistas se hicieron presentes.
"No abona en nada este tipo de situaciones, ni para el país, ni para el Gobierno, ni para la población, ni para la iglesia tampoco. Esto no abona para nadie algo positivo", valoró.
NO NORMALIZAR LA PERSECUCIÓN
El obispo afirmó que no tiene miedo de lo que les pueda ocurrir a él o a sus familiares, y criticó a los que normalizan los asedios o las persecuciones.
"No tengo miedo, es sencillamente cuestión de orden y es cuestión de no prestarse a este tipo de intimidaciones, de coacciones, de chantajes, de persecución. Si los nicaragüenses lo terminamos viendo normal, entonces aquí estaríamos acabados como pueblo. Y esto no es normal, ni en este país ni en ningún otro", subrayó.
Álvarez es el encargado del área de comunicación del Episcopado y es uno de los religiosos más populares e influyentes de Nicaragua.
El presidente Ortega ha tildado de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
También los ha calificado de "golpistas", acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Las relaciones entre los sandinistas y la iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.