Proceso contra el expresidente Álvaro Uribe entrará a una nueva etapa
El proceso judicial contra el influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez entrará en una nueva etapa esta semana cuando se espera que una jueza decida si acepta que el caso termine anticipadamente, como ha pedido la fiscalía, al no hallar pruebas de su responsabilidad en el presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, estuvo bajo arresto domiciliario por este caso durante dos meses en 2020. Desde entonces continúa vinculado al proceso y ha reiterado que es inocente.
El exmandatario ha jugado un papel importante en la política de su país durante las últimas dos décadas. Luego de terminar su segundo periodo presidencial fundó el partido Centro Democrático y se lanzó al Senado en 2014, resultando electo. Uribe es el padrino político del actual presidente de Colombia, Iván Duque.
A continuación algunas claves sobre el proceso judicial:
¿CÓMO INICIÓ EL PROCESO PENAL?
Uribe demandó en 2012 a uno de sus opositores políticos, el congresista de izquierda Iván Cepeda, señalándolo de buscar en la cárcel testimonios de paramilitares de manera irregular para que declarasen en su contra y así vincularlo con grupos ilegales. Cepeda denunció en el Congreso públicamente supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo paramilitar. En Colombia estos grupos armados de defensa privada surgieron en la década de 1980 para combatir a las guerrillas.
En 2018 la Corte Suprema de Justicia -el tribunal encargado de investigar a los congresistas- cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos. Por el contrario, el tribunal abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.
EL TESTIGO CLAVE
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro extorsivo y aún en prisión, es el testigo clave en el proceso contra Uribe. Monsalve es hijo del administrador de la hacienda Las Guacharacas, ubicada en Antioquia, que fue propiedad de la familia de Uribe. Según Monsalve, en esa hacienda se creó un grupo paramilitar al que él perteneció.
Tras recolectar pruebas que incluyen declaraciones, interceptaciones, chats y un video captado por un reloj con cámara, la Corte Suprema encontró que Uribe intentó presuntamente obtener una retractación de Monsalve por medio de terceros para limpiar su nombre en 2018 luego de conocer la apertura de la investigación en su contra.
Monsalve remitió a la Corte una carta en la que pedía perdón por haber testificado contra Uribe. Sin embargo, en una nota aclaratoria decía: “Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Jacher alias ‘El Gringo’ quienes fueron enviados por expresidente Álvaro Uribe Vélez”. El abogado Cadena, quien fue abogado de Uribe, enfrenta otro proceso por presunta manipulación de testigos.
La defensa de Uribe ha negado las acusaciones e indicado que fue Monsalve quien buscó a Uribe a través de terceros con el interés de retractarse de su versión previa sin que se le ofreciera ninguna dádiva. Uribe ha dicho que antes de eso no conocía a Monsalve.
“Yo nunca fui a buscar testigos señora juez, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido que el senador Cepeda estaba buscando a un testigo y le ofrecía beneficios para que me acusaran a mi hermano y a mí”, dijo Uribe ante una jueza.
DE LA CORTE A LA FISCALÍA
En agosto de 2020 la Corte Suprema ordenó el arresto de Uribe por considerar que había “posibles riesgos de obstrucción de la justicia”. Uribe permaneció detenido dos meses en una hacienda de su propiedad. La decisión fue polémica y causó protestas en varias ciudades del país en apoyo al expresidente.
Pocos días después Uribe renunció a su escaño en el Congreso, lo que produjo que la Corte perdiera la competencia en su caso. Uribe aseguró que en la Corte no tenía “garantías” para defenderse. La Corte trasladó el proceso a la fiscalía general, la cual luego de estudiar el caso decidió no llamarlo a juicio y en vez de eso pidió la preclusión del proceso penal, es decir, que se diera por terminado al no poder demostrar la “responsabilidad penal del procesado”.
Una jueza debe confirmar o negar la terminación del caso luego de oír tanto a la fiscalía como a la defensa de Uribe y a quienes han sido reconocidas como víctimas en el proceso, como el senador Cepeda. Cualquiera de las partes puede apelar.
La audiencia en la que la jueza tomará una decisión está programada para el 27 de abril.