Víctimas de los opioides en EEUU fustigan a dueños de Purdue
Furiosos, desafiantes y a veces entre lágrimas, más de una veintena de personas cuyas vidas fueron trastornadas por la crisis de los opioides en Estados Unidos finalmente tuvieron el jueves su ansiada oportunidad de confrontar en el tribunal a algunos integrantes de la familia a la que responsabilizan de esa epidemia.
No se guardaron nada al momento de sacar décadas de frustración y dolor durante una audiencia de tres horas en línea con miembros de la familia Sackler, dueña de la farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin (oxicodona).
Una mujer reprodujo la grabación de su llamada al número de emergencias 911 inmediatamente después de que su hijo sufrió una sobredosis y luego llamó a los Sackler de ser la “basura de la Tierra”. Varios mostraron fotografías de sus seres queridos que fallecieron prematuramente a causa de sus adicciones. Muchos hablaron sobre el perdón: algunos intentaban encontrar maneras de otorgarlo, pero otros definitivamente no.
“Espero que el rostro de cada una de las víctimas los persiga en cada momento, despiertos y dormidos”, afirmó Ryan Hampton, un residente de Las Vegas, quien ha pasado siete años en recuperación tras una adicción que comenzó con una receta de OxyContin para tratar un dolor en la rodilla y que al final le llevó a sufrir sobredosis y periodos de indigencia.
“Ustedes envenenaron nuestras vidas y tuvieron la desfachatez de culparnos por morir”, declaró. “Espero que escuchen nuestros nombres en sus sueños. Espero que escuchen los gritos de las familias que encontraron a sus seres queridos muertos en el piso del baño. Espero que escuchen las sirenas. Espero que escuchen los monitores cardiacos de un pulso que se desvanece”.
La audiencia fuera de lo común se realizó de manera virtual en la Corte Federal de Bancarrotas a sugerencia de un mediador que ayudó a pactar un acuerdo para resolver miles de demandas contra Purdue debido al daño causado por los opioides. El acuerdo generó miles de millones de dólares para el combate a las crisis de adicciones y las sobredosis, a cambio de proteger a los miembros de la familia Sackler de demandas futuras.
Conectado únicamente por audio estuvo Richard Sackler, expresidente y director del consejo directivo de la farmacéutica, quien ha dicho que la compañía y la familia no son responsables de la crisis de opioides. Él es uno de los hijos de Raymond Sackler, uno de los tres hermanos que en la década de 1950 adquirieron la empresa que se convertiría en Purdue Pharma. Conectados por video estuvieron Theresa Sackler, esposa de otro de los hermanos, el difunto Mortimer D. Sackler; y David Sackler, hijo de Richard.
Theresa y David prácticamente no mostraron emociones mientras las personas hablaban en video sobre el dolor de perder a sus hijos luego de años de intentar brindarles el tratamiento adecuado, sobre sus propias experiencias con las adicciones y sobre criar a bebés que nacieron con síndrome de abstinencia a una sustancia adictiva y llorando de dolor.
Según las reglas del tribunal, los Sackler no tenían permitido responder a las víctimas, quienes fueron seleccionadas por abogados de los acreedores en el caso. Algunas de las víctimas hablaron desde un despacho legal en Nueva York, otras se conectaron desde sus casas u oficinas en distintos puntos del país.
Otros fabricantes de medicamentos y mayoristas, e incluso una empresa de consultoría, también han negociado acuerdos judiciales en relación con la crisis de los opioides, a la que se han vinculado más de 500.000 muertes en Estados Unidos en las últimas dos décadas. Sin embargo, el caso de Purdue destaca porque fue una de las primeras empresas en fabricar OxyContin y es de propiedad privada.
Se calcula que el acuerdo tendrá un valor de al menos 10.000 millones de dólares a lo largo del tiempo. El acuerdo prevé que los Sackler aporten entre 5.500 y 6.000 millones de dólares en 17 años para luchar contra la crisis de los opiáceos. Esto supone un aumento de más de 1.000 millones de dólares respecto a una versión anterior rechazada por otro juez en apelación. La mayor parte del dinero se utilizaría para combatir la crisis, pero 750 millones de dólares se destinarían directamente a las víctimas o a sus herederos.