Justicia británica decide si Assange puede apelar su extradición a EE.UU.

El australiano Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador, sabrá el lunes si puede apelar ante el Tribunal Supremo británico contra una sentencia de diciembre que permitió su extradición a Estados Unidos.

Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones WikiLeaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700,000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.

El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense obtuvo una importante victoria cuando una corte de apelaciones de Londres anuló la decisión previa de no entregarlo.

Inmediatamente el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange, anunció que utilizarían "todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información".

Sin embargo, en el Reino Unido para apelar al Tribunal Supremo la justicia tiene primero que autorizarlo.

En primera instancia, la jueza londinense Vanessa Baraitser había impedido la extradición en enero de 2021 por considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos.

Pero en octubre los abogados de Washington apelaron esa decisión. Garantizaron que no se mantendría al australiano, de 50 años, en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento médico adecuado.

Estimando estas garantías como suficientes, el tribunal de apelaciones decidió el mes pasado que, sin más exámenes, el caso fuera enviado al ministerio del Interior, quien tiene la última palabra sobre toda extradición.

Hasta 175 años de cárcel

El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.

Pero el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que Assange no es periodista sino pirata informático y la divulgación de documentos sin editar puso en peligro la vida de sus informantes.

Si es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular.

A la salida del tribunal en diciembre, su prometida, la abogada sudafricana Stella Moris, denunció el "cinismo" de "tener a uno de los principales periodistas de los últimos 50 años en una cárcel británica acusado de publicar la verdad sobre crímenes de guerra, sobre los asesinatos de la CIA".

Y la oenegé de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional puso en duda las garantías de Washington, calificándolas de "intrínsecamente poco fiables". Por su parte, Reporteros Sin Fronteras "condenó" una decisión con "peligrosas implicaciones para el futuro (...) de la libertad de prensa en el mundo".

El australiano lleva recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, desde que en abril de 2019 fue detenido por sorpresa dentro de la embajada ecuatoriana después que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase el asilo concedido por su predecesor Rafael Correa.

Primero fue en cumplimiento de una condena británica por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional al refugiarse en la legación para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrentaba a acusaciones de agresión sexual abandonadas desde entonces. El australiano afirmaba temer ser enviado desde allí a Estados Unidos.

Después, fue mantenido en prisión preventiva mientras se decide su extradición, dado que la juez consideró que podría volver a intentar escapar si era excarcelado.

Durante los siete años que vivió en una habitación de la embajada ecuatoriana tuvo en secreto dos hijos con Morris, miembro de su equipo jurídico y próximamente su esposa.

En noviembre, las autoridades penitenciarias británicas autorizaron a la pareja a casarse en Belmarsh.