Corte colombiana frena fumigación de coca con glifosato
La Corte Constitucional frenó el regreso de la fumigación aérea con glifosato para los cultivos de hoja de coca en Colombia al dejar sin efectos el permiso ambiental con el que contaba el gobierno.
El fallo, emitido en noviembre de 2021 y conocido por la prensa el miércoles, le dio la razón a un grupo de ciudadanos representantes de organizaciones ambientales y de derechos humanos que pidieron el amparo de sus derechos a la participación y la consulta previa, alegando que no fueron debidamente consultados sobre el plan como lo ordena la ley.
La Corte le dio un año al gobierno para que consulten debidamente a las comunidades étnicas que tienen presencia en 14 departamentos donde se implementaría el plan de manejo ambiental para el retorno de la fumigación aérea con glifosato. Dicho plan de la Policía fue avalado en abril de 2021 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y luego fue demandado.
El gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre la decisión de segunda instancia de la Corte.
“La decisión le quita al gobierno la opción de reiniciar el programa de fumigación, algo que ha tratado de hacer desde que tomaron el poder en 2018, en cumplimiento una promesa de campaña”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group.
La fumigación aérea con glifosato fue suspendida en Colombia desde 2015 por una orden de la Corte Constitucional en virtud del principio de precaución ante posibles daños en la salud y el medioambiente de este herbicida químico que en Colombia ha sido utilizado para controlar especies de coca.
El uso del glifosato como estrategia antinarcóticos genera opiniones divididas en Colombia. Por un lado el gobierno lo ve como una forma efectiva de reducir los cultivos que en 2020 alcanzaron las 143.000 hectáreas de coca, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Del otro lado, las comunidades campesinas e indígenas, así como los ambientalistas, consideran que este herbicida genera afectación en la producción agrícola en general y les afecta su salud.
“El glifosato es una estrategia muy costosa para el gobierno: no tienen un impacto significativo sobre la cantidad de coca que está cultivada en el país y sí hace una ruptura irreparable con las comunidades”, indicó Dickinson.