Los diez retos de Haití en 2022

Haití tiene frentes abiertos en prácticamente todos los ámbitos, algunos fruto de una recurrente crisis y otros derivados de los acontecimientos que han convulsionado al país en 2021, empezando por el magnicidio del presidente Jovenel Moise el 7 de julio, que hace urgente la convocatoria de elecciones. Ariel Henry ostenta el poder como primer ministro, pero en sus cinco meses de gestión no ha logrado propiciar las condiciones necesarias para celebrar elecciones, de momento previstas para finales de 2022, a pesar del apremio de Estados Unidos para establecer una cita electoral urgente. Haití tiene un Gobierno que no fue elegido en las urnas como consecuencia del asesinato de Moise, perpetrado dos meses antes de los comicios que debieron celebrarse en septiembre. Además, desde hace dos años el Parlamento está clausurado y carece de un Poder Judicial plenamente operativo. Habiendo transcurrido casi seis meses desde que asesinaran al presidente Jovenel Moise en su residencia de Puerto Príncipe, las investigaciones parecen estancadas y poco se ha esclarecido más allá de atribuir la autoría a un comando de mercenarios que no encontró resistencia por parte de la seguridad presidencial. Hay 44 personas detenidas, entre ellas 12 policías, así como 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y 6 haitianos, 3 de ellos nacionalizados estadounidenses, entre los que se encuentra el supuesto cerebro de la operación, Christian Emmanuel Sanon, aunque el primer ministro, Ariel Henry, y la viuda del mandatario, Martine Moise, afirman que los responsables aún no han sido detenidos. Además de celebrar elecciones, el primer ministro Henry tiene como meta poner en marcha planes para adoptar una nueva Constitución, un proyecto en el que Moise tenía gran empeño. El anteproyecto prevé reforzar la figura del presidente, la eliminación de la figura del primer ministro y la creación del cargo de vicepresidente, que sería elegido por sufragio directo, aunque se mantendrían las reglas actuales que permiten dos mandatos no consecutivos, cada uno de cinco años de duración. La Policía Nacional no tiene capacidad para doblegar a las bandas armadas, que han ganado poder en Haití tras el magnicidio, aunque ya hacían cundir el terror en el área metropolitana de la capital en enfrentamientos por el territorio que en junio obligó a miles de personas a huir y convertirse en refugiados en su propio país. Los secuestros indiscriminados son una de sus formas de financiación, raptos que el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (Cardh) cifra en 949 en lo que va de año, incluyendo a 55 extranjeros de cinco países. Haití está entre los 20 países de América que aún no han logrado la meta global establecida del 40 % de cobertura en la vacunación anticovid para este año, en un momento en que la variante ómicron se ha detectado en al menos seis naciones de la región. En un país de 11 millones de habitantes, solo 72.102 han recibido las dos dosis del compuestos de Moderna o la inyección única de Johnson, según datos de Ministerio de Salud recabados hasta el 17 de diciembre. El incremento de robos y secuestros de conductores de camiones de combustible, también obra de las bandas armadas, llevó a muchos transportistas negarse a trabajar por miedo a la inseguridad, quedando limitada la venta de carburante al ámbito del mercado negro, con precios desorbitantes y fuera del alcance la población. El país estaba al borde de la parálisis, ya que depende de los combustibles para obtener electricidad mediante generadores, y la Policía terminó por escoltar a los camiones para que pudieran distribuir el carburante, pero el problema de escasez continúa y los precios siguen experimentando subidas inasumibles. En los últimos tres meses, 14.127 migrantes haitianos han sido devueltos de manera forzosa a su país, donde la situación de crisis hace casi imposible darles la atención que puedan necesitar. Muchos se proponen volver a salir de Haití tras haber formado parte de un éxodo a pie desde el sur del continente hacia la frontera de Estados Unidos, país que deportó a 10.776 personas, un 18 % menores de edad, además de 406 que fueron interceptadas por la Guardia Costera. Otros 375 fueron devueltos desde México, 1.163 desde Bahamas, 1.362 desde Cuba y 142 desde Turcas y Caicos, según datos de la Organización Internacional de la Migraciones (OIM). Haití es el país con mayor prevalencia de hambre en América Latina con un 46,8 %, según el último informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las condiciones de inseguridad alimentaria, el deficiente suministro de agua potable y la falta de asistencia sanitaria que afectaban a gran parte del país se vieron incrementadas a causa del terremoto que sacudió la península sur del país el 14 de agosto. El sismo de 7,2 grados del 14 de agosto dejó al menos 2.248 fallecidos, más de 300 desaparecidos y 690.000 damnificadas, y supuso una pérdida del 15 % del PIB de Haití, cuya economía se contrajo un 3,3 % en 2020 y podría menguar un 1,3 % adicional al finalizar este año. Fue el movimiento telúrico de mayor magnitud tras el sucedido en enero de 2010, que causó más de 300.000 muertes y 1,5 millones de damnificados, muchos de los cuales siguen sin un techo Miles de haitianos permanecen desplazados de sus hogares desde hace meses a consecuencia de los conflictos territoriales entre bandas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, familias enteras que han caído en el olvido tras el magnicidio de Jovenel Moise y el terremoto del 14 de agosto. Unas 18.000 personas en los barrios de Martissant y Bas Delmas huyeron en junio de sus casas, antes de que fueran pasto de las llamas, sumándose a otros miles que siguen en campamentos por enfrentamientos desatados el año pasado, sin que hasta ahora el Estado se haya ocupado de ellos.

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