Argentina: Luces y sombras del aborto al año de legalizarse

Más de veinte mujeres con embarazos no deseados visitan últimamente cada semana el consultorio de la doctora Miranda Ruiz, una de las pocas profesionales que realizan abortos gratuitos en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Sin su ayuda, muchas se verían obligadas a recurrir a métodos clandestinos para abortar o dar a luz forzosamente.

Ruiz, una médica clínica de 34 años, atiende en un hospital público de Salta, uno de los distritos del país que lideró la resistencia a la legalización del aborto aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020. La doctora lleva contabilizados desde entonces unos 300 abortos, pero su labor peligra desde que un fiscal la imputó por haberle practicado uno a una joven supuestamente sin su consentimiento.

Organizaciones feministas, médicas y de derechos humanos, así como autoridades sanitarias nacionales y provinciales han repudiado el proceder del fiscal, que incluyó el encarcelamiento de la doctora durante varias horas en agosto, por considerarla una maniobra de sectores antiabortistas para amedrentar a los médicos y frenar la práctica en Salta, una provincia con una mayoría de su población católica y conservadora.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada hace un año en el Congreso contempla el derecho a decidir y acceder al aborto hasta la semana 14 de la gestación. Se puede hacer después de ese plazo si el embarazo fue resultado de una violación -con el consentimiento de la persona gestante ante el personal de salud- o si está en peligro la vida o la salud integral de la mujer.

Desde principios de año se han efectuado en todo el país más de 32.700 interrupciones de embarazo en el sector público, según cifras del Ministerio de Salud a las que tuvo acceso la AP.

A diciembre de 2020 Argentina contaba con 903 hospitales y otros centros médicos que garantizaban los abortos bajo ciertas causales en el sector público. Un año después son 1.243 en todo el país.

Sin embargo, la implementación de la ley varía según la zona del país. Y es que aunque es una norma nacional, su aplicación depende principalmente de las autoridades locales.

Mientras que en algunas jurisdicciones como Buenos Aires resulta de fácil acceso, en otras no hay suficientes centros médicos dispuestos a realizar la intervención, ya sea porque sus profesionales manifiestan objeción de conciencia o porque no están capacitados. También faltan más campañas públicas sobre cómo solicitar un aborto y las mujeres muchas veces lidian con trabas burocráticas que les impiden realizarlo en tiempo y forma, según diversos activistas.

“Hay espacios donde se garantiza y muy bien” el aborto “pero en otros parece que el Estado dijo: ‘¿querían la ley? Tomen, háganse cargo’ y el activismo (feminista) sigue cumpliendo un rol fundamental para su aplicación efectiva”, dijo Ruth Zurbriggen, integrante de Socorristas en Red, un grupo de activistas que ayuda a las mujeres a abortar —incluso desde mucho antes de que se aprobara la norma—, orientándolas a dónde ir, explicándoles lo que dice el texto aprobado y realizando talleres de apoyo.

Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, salió al paso de las críticas y dijo que las políticas para garantizar el acceso al aborto voluntario se aplican sobre un territorio donde las desigualdades son palpables y, pese a ello, se han producido avances desde que hace casi un año se aprobó la ley.

“Notamos que todas las provincias avanzaron...sin embargo tenemos por delante grandes desafíos, como incorporar la mifepristona, más eficaz y que determina un proceso abortivo más rápido, y seguir trabajando en aumentar los servicios (centros de salud y profesionales) que brindan la prestación” en el sector público, dijo la funcionaria.

El medicamento más usado en Argentina para interrumpir el embarazo es el misoprostol. Este año, según datos de Salud, se distribuyeron más de 46.000 tratamientos mientras que en 2020 -cuando el aborto se garantizaba sólo bajo ciertas causales- fueron 18.560.

La ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima- la mayor de Argentina- cuentan con más servicios de atención que otros distritos.

Pero Salta es un ejemplo de la fuerte resistencia que ha tenido el aborto en Argentina y allí no hay tantos profesionales que la realicen en comparación con otras provincias del país, según médicos consultados por AP.

Una de las pocas profesionales que realizan la práctica en ese distrito es Miranda Ruiz, quien atiende en un pequeño consultorio de un hospital público al que las mujeres pueden acudir sin cita previa.

“Cubro más del 90% de la demanda (de abortos), por eso mi detención haría imposible el cumplimiento de la ley donde trabajo”, dijo Ruiz a The Associated Press. La médica trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, una localidad del departamento de San Martín, situada a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires y poblada por comunidades de escasos recursos.

Los pacientes de Ruiz, que incluso provienen de provincias limítrofes, llegan a ella porque se corre la voz de que realiza la práctica y también por Facebook. La doctora trabaja con misoprostol y antes de que se aprobara la ley dijo que hizo sólo unas 20 interrupciones legales del embarazo bajo ciertas causales.

En agosto, Ruiz practicó un aborto a una mujer mayor de edad en su semana 22 de gestación con misoprostol. La médica fue acusada primero de no haber justificado la causal de riesgo a la salud integral de la paciente, pero luego el fiscal modificó la imputación y la acusó de haber realizado el aborto sin el consentimiento de la joven, lo que puede implicar una pena máxima de diez años de prisión.

“En un momento sentí que si hubiese estado en la Edad Media me habrían quemado”, dijo la médica al recordar su detención en el hospital y posterior traslado a un calabozo, donde permaneció varias horas. Su rostro durante la entrevista reflejaba cansancio y tensión, no tanto por las vicisitudes personales sino el esfuerzo que demanda su tarea. Además de atender a mujeres en Tartagal, recorre varios kilómetros por semana para asistir a familias en localidades más alejadas que carecen de hospitales.

Dijo que antes de practicar el aborto recibió la llamada de una concejala local que se hizo pasar por jueza para que detuviera la intervención.

“La causal la expresa la paciente. Ella fue valorada por la psicóloga, la trabajadora social, y yo como médica. Se avaló desde la gerencia (del hospital), el jefe de servicio de ginecología, y el supervisor de salud sexual y reproductiva de Salta. Eso está todo escrito en la historia clínica”, aseveró Ruíz.

La doctora pensó que quizá con la acusación se intentaba disuadir a otros profesionales a no practicar abortos, aunque el efecto fue el contrario.

“Como tomó estado público no sólo se amplió la cantidad de pacientes que me vienen a ver, va circulando información”, explicó.

El fiscal Gonzalo Vega, quien imputó a la médica e integra la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Tartagal, afirmó por su parte que no busca “silenciar” a los profesionales de la salud y que su acusación es producto de una investigación que inició a partir de la denuncia de los tíos de la gestante, quienes afirmaron que Ruiz obligó a su sobrina a proseguir hasta el final con un proceso abortivo con pastillas de misoprostol, pese a que la joven quiso interrumpirlo.

Según el fiscal, la joven declaró que “quiso retirarse del hospital” sin que se lo permitieran y que el consentimiento expreso requerido para realizar la interrupción del embarazo “se lo hizo firmar la doctora Ruiz después de que abortó”, lo que ha sido negado por la imputada.

La identidad de la denunciante no fue hecha pública, por lo que no fue posible contactarla.

En la provincia de Santiago del Estero, limítrofe con Salta, únicamente dos hospitales realizan abortos. Las gestantes deben llamar a una línea telefónica gratuita y confidencial del Ministerio de Salud nacional desde la cual se establece una comunicación con la cartera de salud de la provincia, que a su vez debe gestionar el turno de la gestante con el director de uno de los establecimientos.

“A la par de la burocracia, está el estigma, el maltrato, hacerlas esperar”, dijo la doctora Teresa Santillán, quien practica abortos en un consultorio privado y trabaja en una unidad primaria de atención pública de Santiago del Estero, donde asesora a las gestantes que acuden a informarse.

“Las mujeres se realizan ecografías en el mismo lugar donde van embarazadas para el control prenatal y en el pasillo (de espera) preguntan ‘quién ha venido para aborto’”, comentó. “No hay lugar cerrado que preserva la confidencialidad”.

En los dos hospitales habilitados en Santiago del Estero para hacer abortos no se emplea la aspiración manual endouterina, considerada una práctica segura, rápida y eficaz por la autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. En ellos se usa el misoprostol.

En Latinoamérica el aborto también es legal en Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Uruguay y algunos estados de México. En otros países como Chile se permite la interrupción del embarazo por violación, malformación del feto o cuando peligra la vida de la madre, mientras la restricción es total en Nicaragua, Haití, El Salvador y República Dominicana.

En sintonía con el creciente movimiento contra el aborto en varios estados de Estados Unidos, en Argentina la práctica también es blanco de demandas judiciales. Amnistía Internacional dijo que desde su legalización se impulsaron 35 acciones para que se declare su inconstitucionalidad y se suspenda su vigencia. Un total de 21 han sido rechazadas por inadmisibles.

Jenny Durán, referente de la Campaña Nacional por el aborto en Argentina, dijo que “la mejor defensa de la norma es el ejercicio del derecho”.

“A mayor movimiento, menos reacción”, dijo. “No dejar lugar a que sigan permeando esos discursos anti-derechos, de la represión. No queremos volver a esos lugares”.