Oregón aprueba recursos contra cultivo ilegal de marihuana
El robo de agua durante la sequía. La explotación de trabajadores inmigrantes. La intimidación a residentes por parte de delincuentes armados.
Un senador estatal demócrata del sur de Oregón dijo que su región, donde proliferan las granjas ilegales de marihuana que están protegidas por hombres armados, comienza a parecerse a un estado fallido.
Después de escuchar su testimonio y el de otros funcionarios esta semana, la Legislatura de Oregón asignó 25 millones de dólares para ayudar a departamentos de policía locales y de condado, y a organizaciones comunitarias a cubrir los gastos cada vez más elevados que supone combatir a miles de granjas ilegales de marihuana de escala industrial. Los residentes aseguran que la asistencia es bien recibida, pero no es suficiente.
Siete años después de que los electores de Oregón aprobaran en las urnas la legalización del consumo recreativo de la marihuana así como su producción y venta reguladas, el estado enfrenta una explosión de granjas ilegales que operan descaradamente, principalmente en los condados Josephine y Jackson, en el sur del estado.
A lo largo de las carreteras se pueden ver invernaderos de estructura básicos. Muchas personas aseguran ser productores legales de cáñamo, pero en su lugar cultivan plantas con cantidades ilegales de THC, la sustancia psicoactiva de la marihuana.
Esta industria ilícita genera ganancias por miles de millones de dólares y cuenta con el financiamiento de grupos delictivos extranjeros y cárteles del narcotráfico, dijeron las autoridades policiales.
El jefe de policía del condado de Jackson, Nathan Sickler, dijo a los legisladores que los cárteles “tiene un modelo de negocios: Instalar cultivos ilegales de cannabis que rebasen la capacidad de acción de la policía. Saben que nos quedaremos con algo, pero saben que no podemos quedarnos con todo”.
Un agricultor del sur de Oregón —que utilizaba un riachuelo para irrigar una plantación antes de que se secara debido a la extracción del agua para un cultivo ilegal de marihuana, mientras el oeste de Estados Unidos enfrenta una sequía agravada por el cambio climático— responsabiliza al estado de no contar con suficientes inspectores para determinar cuáles granjas de cannabis que aseguran ser de cáñamo realmente cultivan cáñamo. El agricultor habló bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias en su contra de parte de los cárteles.
El agricultor también responsabilizó a los propietarios de tierras por venderlas o arrendarlas a personas fuera de la ley.
“Sí alguien llega a tu propiedad con un maletín con 100.000 dólares en billetes de 20, sabes que no es alguien precisamente honesto. Y si aceptas el dinero y les permites hacer cosas en tu tierra probablemente deberías anticipar que están ahí para violar la ley”, señaló.
El senador demócrata Jeff Golden, de la localidad sureña de Ashland, dijo que algunas regiones rurales son “zonas donde abundan las armas de tipo militar, parecidas a las que solemos asociar con los estados fallidos”.
“Las actividades ilegales del cannabis en el sur de Oregón han estado utilizando nuestro suministro limitado de agua, abusando de los trabajadores locales, amenazando a los vecinos y afectando en forma negativa los negocios de los productores legales de marihuana”, señaló Golden, quien impulsó la inclusión de la medida y el financiamiento respectivo en la agenda de la sesión especial de un día.
Golden y otras dos legisladoras del sur de Oregon, la representante demócrata Pam Marsh y la representante republicana Lily Morgan, habían dicho anteriormente en una carta dirigida a la gobernadora Kate Brown que los trabajadores en las granjas ilegales viven en “condiciones cercanas a la esclavitud”.
A algunos tampoco les han pagado los sueldos que se les prometieron.
Un argentino de 27 años dijo el miércoles que en agosto pasado se enteró en un grupo de WhatsApp que se necesitaban trabajadores en una granja de marihuana en el sur de Oregón. En ese momento trabajaba en una granja de marihuana en el condado Humboldt, en California. Entonces, se dirigió al lugar cerca de Cave Junction, Oregón, con la expectativa de que le pagarían 2.500 dólares por tres semanas de trabajo.
Laboró turnos de 12 horas bajo el fuerte sol, cuidando las plantas y durmiendo en una tienda de campaña. Una vez que se cumplieron las tres semanas, él y otros trabajadores fueron a ver al encargado de la granja para que les pagara.
“Cuando nosotros fuimos a reclamar nuestro dinero, ni siquiera nos miró. Nos rechazó el saludo y se fue. Subió a su camioneta y se fue”, afirmó el argentino, quien se encuentra en Estados Unidos con visa de turista. Solicitó el anonimato debido a las leyes federales de inmigración.
Cuando le llamó por teléfono al encargado, no hubo respuesta. Otro trabajador acudió a la granja por su paga pero le apuntaron con un arma.
“La verdad, estoy muy decepcionado y no entiendo por qué han sido así conmigo, cuando en su momento fui respetuoso, trabajé todas las horas que me pidieron”, afirmó el sudamericano por teléfono desde Florida, donde intentaba encontrar trabajo temporal antes de regresarse a su país para Navidad.
La iniciativa que la Legislatura aprobó el lunes, y que la gobernadora firmó el martes, crea el “Programa de Subvenciones Policiales Contra el Mercado Ilegal de la Marihuana” a fin de ayudar a las ciudades y condados a cubrir los costos de las acciones de las fuerzas del orden contra las granjas ilegales de cannabis. La Comisión de Justicia Penal de Oregón administrará el programa.
“Ayudará”, dijo el jefe de la policía del condado de Josephine, Dave Daniel. “Pero el problema se está diseminando en todo el estado”.
Los departamentos de policía de condado y otras agencias policiales que soliciten las subvenciones tendrán que trabajar con organizaciones de la comunidad para enfrentar el tráfico de mano de obra, dijo la legisladora Morgan. De los 25 millones de dólares, 5 millones se destinarán a vigilar el aprovechamiento del agua.
Diversos proyectos de ley que serán presentados durante la sesión legislativa de 2022 abordarán otras necesidades, señaló Morgan.