Más de 200 agentes estatales condenados en Venezuela por violaciones de DDHH, informa fiscal
Saab estimó que próximamente se conozcan nuevas sentencias contra agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos
Más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados con penas de hasta 28 años de prisión en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
Se han dictado condenas a "210 funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, que lamentablemente cometieron violaciones a derechos humanos", dijo Saab al ofrecer un balance de las actuaciones del Ministerio Público desde agosto de 2017. En Venezuela la pena máxima de reclusión es de 30 años.
Saab estimó que próximamente se conozcan nuevas sentencias contra agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos.
"Vendrán más condenas, pues hay acusaciones ya realizadas que pueden culminar en condenas", dijo a la AFP, al sostener que uno de los focos centrales de su despacho es la "atención a los derechos humanos".
Hasta noviembre de 2021 han sido imputados "820 funcionarios de seguridad de Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores inmediatos de estos delincuentes", añadió.
Además, 581 funcionarios de distintos organismos han sido "privados de libertad" también por esas presuntas violaciones.
La mayoría de los condenados están vinculados con violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas contra el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, desplegadas entre abril y julio de 2017, las cuales dejaron saldo de al menos 125 muertos.
A propósito de estos hechos, la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante estas manifestaciones, según un memorando firmado en noviembre pasado en Caracas por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Maduro.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ya había emprendido un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas antigubernamentales de 2017.