Europa

Parlamento Europeo demanda a Comisión Europea por inacción sobre el Estado de derecho

Dos países están en el punto de mira de Bruselas: Polonia, criticada por sus reformas

El Parlamento Europeo demandó este viernes a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar el mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al cumplimiento de una normativa sobre el Estado de derecho por parte de los países miembros.

"Como reclamaban las resoluciones parlamentarias, nuestros servicios jurídicos presentaron hoy ante el Tribunal de Justicia un recurso contra la Comisión Europa por no aplicación del reglamento sobre la condicionalidad", indicó David Sassoli en un comunicado.

"Esperamos de la Comisión Europea que actúe de forma coherente y se muestre a la altura de lo que la presidenta [de esa institución] Ursula von der Leyen declaró durante nuestra última conversación sobre ese tema en un pleno. Las palabras deben traducirse en hechos", explicó el presidente del Parlamento.

"No dejaremos que se ponga en riesgo nuestros valores comunes. La Comisión actuará", había afirmado Ursula von der Leyen frente a los eurodiputados reunidos en Estrasburgo durante un debate con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien había acudido para justificar una decisión del Tribunal Constitucional polaco que contradecía la primacía del derecho europeo.

"El reglamento sobre la condicionalidad adoptado el pasado diciembre permite a la UE suspender los pagos del presupuesto de la UE a los Estados miembros en los que el Estado de derecho esté amenazado, pero la Comisión se ha abstenido de servirse de él hasta ahora", insistió David Sassoli.

El reglamento entró en vigor en enero de 2021.

Dos países están en el punto de mira de Bruselas: Polonia, criticada por sus reformas -que según la UE socavarían la independencia de los jueces-, y Hungría, por una falta de transparencia en la concesión de mercados públicos, su insuficiente lucha contra la corrupción y una falta de independencia de la justicia.

Tanto Polonia como Hungría han puesto en entredicho la legalidad de ese reglamento y presentaron un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para invalidarlo. Pero no se espera una decisión al respecto antes de finales de 2021 o principios de 2022.