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Juzgan por corrupción a 5 colaboradores de Sarkozy, protegido por inmunidad

AL TRATARSE DE PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS DURANTE SU MANDATO, SARKOZY ESTÁ PROTEGIDO POR LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL

Patrick Buisson, exdirector del canal de televisión francés Histoire y exasesor del expresidente francés Sarkozy, llega para comparecer ante el tribunal de París el 18 de octubre de 2021 en el asunto denominado 'Elysee Polls'. Foto: Stephane de Sakutin/AFP.

Patrick Buisson, exdirector del canal de televisión francés Histoire y exasesor del expresidente francés Sarkozy, llega para comparecer ante el tribunal de París el 18 de octubre de 2021 en el asunto denominado 'Elysee Polls'. Foto: Stephane de Sakutin/AFP.

Cinco colaboradores del expresidente francés Nicolas Sarkozy durante su mandato se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de corrupción de los que ha escapado el exinquilino del Elíseo, que gozaba de la inmunidad como jefe del Estado.

El que podía haber sido el tercer proceso del presidente francés entre 2007 y 2012 -condenado a dos penas de cárcel, una por corrupción y otra financiación ilegal de campaña electoral, ambas recurridas- será finalmente un juicio contra algunos de sus más estrechos colaboradores en su etapa en el Elíseo.

Al tratarse de presuntos delitos cometidos durante su mandato, Sarkozy está protegido por la inmunidad presidencial, tras la que se parapetó para no ser interrogado durante la fase de instrucción y, según sus abogados, le eximirá de declarar como testigo durante la vista oral como pedían las acusaciones particulares.

Pese a esa ausencia, su figura planeará durante las cuatro semanas que está previsto el proceso contra sus colaboradores, desde el que fuera su mano derecha en el Elíseo, Claude Guéant, hasta su ideólogo de cabecera, Patrick Buisson.

La "obsesión" de Sarkozy

Durante la fase de instrucción todos ellos han apuntado a lo más alto en la jerarquía presidencial a la hora de justificar la atribución sin licitación de centenares de sondeos, que según los acusados respondían a la orden de Sarkozy de conocer permanentemente la opinión pública.

Esos estudios fueron pagados con dinero público aunque, en muchos casos, se referían a rivales electorales.

A lo más alto de la escala que ha podido llegar la instrucción es a Guéant, de 76 años, que fue secretario general del Elíseo, el cargo administrativo más importante de una presidencia, hasta que en 2011 fue nombrado ministro del Interior.

Fue él quien dio las órdenes para atribuir sin licitación previa los contratos para elaborar esos sondeos que él mismo aseguró que respondían a la "presión constante, obsesiva" del presidente.

La acusación le atribuye delitos por los que puede ser condenado a dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Hoy distanciado de Sarkzoy, durante años fue el encargado de hacer el trabajo sucio, algo por lo que ya fue condenado en 2019 a dos años de cárcel, uno de ellos exento de cumplimiento, por el pago con fondos reservados.

Además, está procesado en la investigación por la presunta financiación ilegal con dinero del régimen libio de la campaña de Sarkozy en 2007, en la que también está implicado el expresidente.

Sondeos electorales

La misma pena que para Guéant amenaza a la que fuera jefa de gabinete, Emmanuelle Mignon, que firmó los contratos, según ella por orden directa de Guéant.

La mayoría de ellos recayeron en Buisson, un historiador procedente de la extrema derecha que fue consejero de Sarkozy, que afronta delitos penados con hasta 7 años de cárcel y 375,000 euros de multa.

La acusación asegura que, junto al sociólogo Pierre Giacometti, se adjudicó más de la mitad de los sondeos encargados durante el quinquenio, lo que le permitió embolsarse 2.7 millones de euros, en ocasiones simplemente por presionar para que algunos de esos sondeos fueran publicados en medios afines.

Buisson, actualmente muy enemistado con Sarkozy después de que se supiera que grababa todas las conversaciones con el presidente, algunas de las cuales han sido publicadas, se defiende con el argumento de que históricamente los contratos del Elíseo nunca han sido sometidos a concurso público.

El quinto acusado es Julien Vaulpré, que era el encargado de contactar los institutos de sondeo en su calidad de consejero de "opinión", mientras que el instituto IPSOS, que recibió la mayor parte de los encargos, está acusado como empresa.