Grupos rechazan reformas a Constitución de El Salvador

Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas una poderosa asociación de empresarios salvadoreños, rechazaron el martes participar en la consulta del paquete de reformas a la Constitución que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El vicepresidente salvadoreño, Felix Ulloa, encabeza el grupo técnico que concluyó el primer borrador que contiene 215 reformas a la Carta Magna que están presentando a diferentes sectores del país para escuchar sus observaciones y validar el documento final.

Sin embargo, nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada, emitieron un pronunciamiento en el que rechazan discutir las reformas, porque “es un proyecto impuesto desde Casa Presidencial” que “se preparó con poca transparencia”. Sostienen que “antes de reformar la Constitución deben existir condiciones democráticas, que garanticen efectivamente los derechos de las personas, y debe restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M (1 de mayo)”.

Al asumir la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, de un plumazo destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, un movimiento que recibió duras criticas dentro y fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes. La misma noche, el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y un nuevo Fiscal, que los críticos afirman son afines al gobierno.

Las organizaciones sociales alegan que el proyecto de reformas constitucionales se preparó con poca transparencia y sin una verdadera participación de la sociedad. “Además, toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de esta iniciativa”. Dicen que están abiertos en participar y aportar en los proyectos de desarrollo y bienestar del país, pero advierten que “mientras no se generen condiciones democráticas, existe el riesgo de que nuestra participación se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene. Por ellos no participamos. ¡Así no!”.

Entre las reformas preparadas por el equipo de abogados que encabeza el vicepresidente Ulloa destaca que el periodo presidencial pasará de cinco a seis años y “para que se pueda reelegir tiene que esperar que pase un periodo para volver a presentarse”. Las organizaciones sostienen que la jurisprudencia constitucional ya estableció que el tiempo para la reelección presidencial no puede reducirse de dos a un periodo después de terminar el primero para ejercer la presidencia y advierte que “el gobierno pretende modificar esa cláusula pétrea”

Las reformas no incluyen cambios en los artículos de la actual Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, pero en el documento “borrador” se incluye el referéndum para ratificar reformas constitucionales, la revocatoria de mandato —que se haría a medio término presidencial— y el plebiscito e iniciativa ciudadana.

Las reformas de la Constitución —vigente desde 1983— podrían acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los 84 diputados electos. Para que las reformas entren en vigor deben ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los 84 diputados electos. La próxima legislatura asumirá el 1 de mayo de 2024.