La Justicia aprieta el cerco contra conductas "antidemocráticas" de Bolsonaro
La Justicia apretó este miércoles el cerco contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y lo incluyó en una investigación sobre grupos "digitales antidemocráticos", que siembran desconfianza en las instituciones a través de la internet.
La decisión de investigar al mandatario en ese proceso, que fue iniciado en 2019, fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema, quien atendió así un pedido del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Esa solicitud fue remitida el pasado lunes y se fundamenta en una muy dura y continúa campaña de descrédito desatada por el líder de la ultraderecha contra las urnas electrónicas usadas en los comicios que se celebran en Brasil desde 1996.
Tras varias semanas de ataques casi diarios contra el sistema de votación, el TSE también decidió el pasado lunes iniciar un proceso "administrativo" contra Bolsonaro por esa continúa descalificación de un sistema electoral que, en las últimas dos décadas, no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude.
Sin embargo, el mandatario sostiene que el voto electrónico no es confiable, ha propuesto que se retome el sufragio en papeletas junto con el actual sistema y ha insinuado que el presidente del TSE, Luis Barroso, también miembro del Supremo, prepara un "fraude" para las elecciones de 2022.
Ese proyecto está en manos de la Cámara Baja, en la que enfrenta serias dificultades, pues al menos once partidos representados en el Parlamento, incluidos algunos de la base oficialista, ya adelantaron su rechazo y ratificado su confianza en la votación electrónica.
Para 2022 es amplio favorito el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor antagonista de Bolsonaro, quien suele decir que "no permitirá" que el país "vuelva a caer en las manos del comunismo".
Este mismo miércoles, en aparente respuesta al mandatario, el juez Barroso alertó, sin citar a Bolsonaro, sobre la "erosión de la democracia" y la existencia "en Brasil y en el mundo" de líderes "populistas y extremistas que usan las redes sociales para preparar el camino hacia el autoritarismo".
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE "MILICIAS DIGITALES DE ULTRADERECHA"
La investigación del magistrado De Moraes comenzó centrada en las llamadas "fake news" en las redes sociales, difundidas supuestamente por parlamentarios y activistas de la base ultraderechista que apoya al Gobierno.
Fue suspendida hace dos meses a solicitud del fiscal general, Augusto Aras, un hombre absolutamente alineado con Bolsonaro y que dijo no haber encontrado indicios de la existencia de una acción coordinada del bolsonarismo para difundir información falsa.
Sin embargo, De Moraes la retomó de inmediato, ahora enfocado en la producción y financiación del contenido falso que circula en las redes sociales y ataca a las instituciones.
Según el magistrado, el asunto pudiera revelar "la existencia de una organización criminal, de fuerte actuación digital y con núcleos de producción y publicación" de falsa información con un "discurso de odio".
En ese proceso, De Moraes ha decidido incluir a Bolsonaro, a fin de, según explicó, "determinar si, ilícitamente, contribuyó para la diseminación de noticias fraudulentas sobre la conducta de miembros de la Corte Suprema y contra el sistema de votación de Brasil".
Pidió además que sean interrogados el ministro de Justicia, Anderson Torres, y otras cuatro personas alineadas al bolsonarismo y que también se sumaron a la campaña contra el voto electrónico.
En ese mismo proceso ya figuran como investigados algunos parlamentarios, como el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del gobernante, y la diputada Bia Kicis, quien preside la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja.
Asimismo, está el diputado de ultraderecha Daniel Silveira, en prisión desde febrero pasado, después de que divulgó un video con graves amenazas e insultos de todo calibre contra los magistrados del Supremo, a los que pidió destituir en pleno.
Silveira también criticó el orden constitucional y elogió a la última dictadura militar (1964-1985), así como la persecución del régimen castrense a la izquierda y al "comunismo", y sugirió su apoyo al asesinato de opositores del Gobierno de Bolsonaro.