Uruguay: 700.000 firmas contra ley relámpago de Lacalle Pou

La Corte Electoral uruguaya recibe 700.000 firmas este jueves contra una ley aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el rol de las empresas públicas, el proceso penal y permite pagar bienes en efectivo con hasta 100.000 dólares, entre otros casi 500 artículos.

Lucía Griotti, de 23 años, escruta los pocos transeúntes que pasan por un supermercado poco transitado. Está sentada con una bandera de Uruguay, un compañero de tareas, bolígrafo, papeletas y tinta para huellas dactilares. El miércoles fue el último día para recolectar adhesiones que impulsen un referéndum contra la columna vertebral legislativa de la coalición de gobierno de Lacalle Pou, la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC).

Son 500 artículos sobre el rol del Estado en economía, educación, trabajo y diversos asuntos, entre ellos, la desmonopolización de los servicios esenciales administrados por el gobierno, como agua, electricidad, telefonía, internet y otros.

El presidente uruguayo dijo que la ley 18.889 era “popular, justa y necesaria”, pero Griotti no piensa lo mismo. “Sobre todo en barrios periféricos, mucha gente no tiene idea qué es la LUC”, dice a The Associated Press. “Uruguay se merece un debate y una instancia de votación con población informada”, opina.

El trabajo de hormiga de miles de personas como ella consiguió la adhesión del 25% de los electores para habilitar un referéndum. A pesar de la pandemia y el rechazo del oficialismo a extender el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral, miles de militantes del opositor Frente Amplio, organizaciones sociales y políticas —incluso de gobierno— consiguieron más firmas que votos del Partido Nacional, el sector del presidente Lacalle Pou, en las elecciones pasadas, cuando ganó la presidencia con la ayuda de otros partidos en marzo de 2020.

La LUC, fue la principal arma de la colación de derecha para cumplir las promesas de campaña. El combo legislativo incluyó asuntos tan disímiles como la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, desmonopolización de hidrocarburos, ampliación de las potestades policiales en investigaciones judiciales, comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos o que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes cuando antes había un año de tolerancia.

Además, elevó las penas de varios delitos, hizo inexcarcelables los de drogas y eliminó las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según el precio internacional de los hidrocarburos y otras paramétricas. Además, creó una rígida regla fiscal para las cuentas públicas.

La LUC buscaba garantizar el accionar policial según sus impulsores, pero la Comisión entiende que ha dado lugar a discrecionalidad en el accionar policial, institución fuertemente cuestionada por corrupción y episodios de uso desmedido de la fuerza.

La comisión ve con preocupación el “desmantelamiento” de varias empresas públicas en el país que en el pasado resistieron a las privatizaciones de la telefonía, el agua y los hidrocarburos también con referéndums. En su plataforma incluyeron “las restricciones” al derecho de huelga consagradas en esta ley “relámpago”, entre otras.

La LUC se votó bajo prohibición del derecho constitucional a la reunión, todavía vigente por la pandemia. Llegar a las firmas mientras Uruguay se mantuvo por más de dos meses como uno de los países con más fallecidos per cápita del mundo “fue un esfuerzo gigante e invisible”, dice Soledad González, vocera de la Comisión.

“No tuvimos ni presencia en los medios masivos de comunicación. Fue la militancia en red, de a pie, entre familiares, amigos, en lugares de trabajo, no tuvimos ámbitos habituales con concentración de gente”, destacó. También manifestó que “mucha gente no tenía información” sobre la ley.

“Lo que nos molesta es el avasallamiento de las discusiones democráticas, cambiarlo todo en 90 días sin que nadie se entere. (…) Es llamativo para los uruguayos que una ley reformule cientos de políticas públicas y pocos sepan que eso pasó”, opinó.

La senadora Carmen Asaín, del mismo sector que Lacalle Pou y docente de Derecho Constitucional, no cree lo mismo. Aunque entiende la validez del referéndum como forma de “proteger los derechos de minorías circunstanciales”.

“El contenido de la LUC es el programa de gobierno”, señaló a la AP, e insistió que “el Frente Amplio acompañó la mitad de los artículos” presentados en enero, que ingresaron en abril y se votaron en julio. Afirma que sí hubo debate en el Parlamento, donde se recibió un centenar de delegaciones involucradas y que existió una amplia cobertura periodística. “Estaremos al pronunciamiento popular y cómo sigue esto”, señaló la legisladora.

Este jueves se presentarán las firmas ante la Corte Electoral que debe iniciar un proceso para validarlas, fijar una fecha y llamar a referéndum en 120 días luego de contabilizar las firmas.