Bloqueos y protestas azotan ciudad colombiana de Cali
Los ingenios azucareros que dan trabajo a decenas de miles de personas están paralizados. Los semáforos cuelgan inservibles sobre las intersecciones del centro de la ciudad. La policía vigila las paradas de autobuses quemadas y las gasolineras saqueadas. Incluso una fábrica de conos de helado ha suspendido sus operaciones.
Las protestas contra el gobierno se han extendido durante casi un mes a lo largo y ancho de Colombia, y en ningún sitio han sido tan intensas como en Cali, una ciudad en el oeste del país que cuenta con más de 2 millones de habitantes y que normalmente es más conocida por su música tropical que por su malestar social.
Por lo menos 32 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con la policía en Cali desde que las protestas comenzaron a finales de abril, de acuerdo con Indepaz, un grupo por los derechos humanos. Indepaz ha identificado a 52 víctimas en todo Colombia.
Los manifestantes y la policía de Cali se acusan mutuamente del uso de municiones durante los enfrentamientos que siguen ocurriendo la mayoría de las noches en los vecindarios pobres, que también albergan a grupos delictivos.
Barreras de plástico color naranja, costales de arena, barras de metal, cuerdas y escombros siguen bloqueando las principales avenidas.
“Sabemos que estamos afectando a nuestra industria, pero también estamos afectando nuestro gobierno”, comentó un manifestante que sólo se identificó con su nombre Brian. Portaba gafas oscuras y una mascarilla, y se negó a dar su nombre completo por temor a represalias de la policía.
“Así nos hacemos sentir en la ciudad. Le hacemos saber al gobierno que no estamos de acuerdo con lo que hacen”, señaló.
Las protestas a nivel nacional se desencadenaron después de que el presidente Iván Duque propuso un extenso aumento de impuestos, pero continuaron incluso después de que el mandatario dio marcha atrás, transformándose en un clamor general contra la creciente pobreza y la desigualdad en un país donde la tasa de desempleo se duplicó en el último año de pandemia de coronavirus.
Alfonso Otoya, un experto en proyectos educativos con sede en Cali, señaló que parte del problema a nivel local se debe a una decisión que la ciudad tomó el año pasado de poner fin a un programa financiado por Estados Unidos que trataba de alejar a los jóvenes de las pandillas con empleos y actividades culturales. Ahora, dijo Otoya, el alcalde “perdió la confianza” de los jóvenes de muchos vecindarios.
La respuesta del gobierno colombiano sólo ha empeorado las protestas, pues ahora hay marchas contra la violencia policial. Agencias internacionales de derechos humanos han acusado al gobierno de una reacción exagerada.
Y a medida que continúan los bloqueos en carreteras y avenidas de la ciudad, los negocios advierten que tendrán que despedir a algunos de sus empleados.
La fábrica de alimentos Dafi normalmente vende 1,5 millones de conos para helado a la semana a cadenas de comida rápida como McDonalds y KFC. Sin embargo, la producción ha estado paralizada durante los últimos 10 días debido a que los bloqueos han impedido la entrega de harina para la compañía, que tiene 40 empleados.
“Hasta ahora hemos podido pagar las nóminas”, dijo Jan Lelie, director financiero de Dafi. “Pero si eso continúa así, la siguiente quincena los trabajadores lo van a ver en sus cuentas bancarias”.
El martes, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad vestidos de blanco para pedirles a los manifestantes y al gobierno que aceleren las negociaciones y para exigir que retiren los bloqueos.
“Necesitamos que el presidente escuche a los jóvenes para que se acaben estos bloqueos ilegales”, dijo Ana María Arias, cuya fábrica de dulces no ha podido operar en las últimas dos semanas.
Aunque los bloqueos en Cali han disminuido en los últimos días, la escasez de alimentos ha provocado que se duplique o triplique el precio normal de productos como tomates y papas en los mercados locales.
Héctor Ruiz, un sastre que compraba en un mercado del centro de la ciudad, dijo que estaba de acuerdo con las quejas de los manifestantes, “pero no se necesita bloquear a la ciudad y mantenerla aislada de todo el mundo”.
Otros fueron más comprensivos. “Si nosotros no alzamos la voz, ¿quién más lo va a hacer por nosotros?”, dijo Diana Rosas, una guía de turistas que no ha trabajado durante gran parte del año. “En la vida si no hay oscuridad no hay luz, todo es necesario”.
Las continuas protestas han suspendido las labores en los ingenios azucareros que proporcionan empleos de manera directa e indirecta a 180.000 personas en Cali y en el estado de Valle del Cauca, y la industria minorista de la ciudad reportó una disminución del 80% en sus ventas en las últimas tres semanas.
Transitar por la ciudad también se ha vuelto complicado. Treinta y seis semáforos de la ciudad fueron vandalizados durante las protestas, de acuerdo con el gobierno municipal, y 12 paradas del sistema de transporte rápido de la ciudad fueron incendiadas. Decenas más también resultaron con daños en ventanas y torniquetes.
Los autobuses que siguen circulando llevan una bandera blanca fijada a las ventanas laterales en un intento de comunicar que no son parte del conflicto.
Camilo Cortez, un trabajador de construcción desempleado ha sacado provecho del caos vial para obtener algo de dinero. Ahora pasa varias horas al día en una concurrida intersección en la que no funcionan los semáforos, tratando de dirigir el tránsito con silbatos de plástico y un letrero de alto a cambio de propinas de los automovilistas.
“Ahora todo está feo, Cali está feo”, comentó. “Es una manera de sobrevivir, y tratar de evitar un accidente”.