USAID retira apoyo a instituciones del gobierno salvadoreño
En respuesta a la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de El Salvador, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID) informó el viernes que retira el apoyo de asistencia a dos instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele y que esos fondos se entregarán a grupos de la sociedad civil.
Una declaración de la Administradora de USAID, Samantha Power, expresa una “profunda preocupación” del organismo por la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General. Además, señala “preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID, está orientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública”.
La agencia estadounidense dice que el financiamiento que entregaba a las instituciones del gobierno de Bukele, “ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.
Agrega que el respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia y que Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica.
Casi de inmediato, el presidente Bukele respondió en su cuenta de Twitter: “Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciben financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada uno invierte en sus prioridades”.
Por su parte el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, dijo a The Associated Press que “esta es la una respuesta al golpe de Estado del 1 de mayo, no seguir apoyando a un gobierno que es golpista, puede interpretarse así”.
Escobar dijo que también “es una muestra de desconfianza del gobierno de Estados Unidos hacia el manejo de los fondos de la cooperación, es decir, no le ofrece las garantías de que ese dinero puede ser bien invertido y va a tener los resultados esperados en el combate a la corrupción”. Agregó que “es un espaldarazo a la sociedad civil, es una muestra de confianza. Lo que dice es que somos socios confiables, socios capaces de contribuir al desarrollo de nuestra nación”.
El 1 de mayo pasado, cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el Partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, se destituyó de un plumazo a jueces de la Corte Suprema y al Fiscal general en un movimiento que recibió duras críticas dentro y fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes. El mandatario salvadoreño elogió la decisión y aseguró que “el pueblo” celebraba la decisión, al tiempo que pidió a la comunidad internacional no inmiscuirse en el tema.
Dos semanas después de las destituciones, el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense, Ricardo Zúñiga, llegó al país y sostuvo una reunión “cordial” con el mandatario. Antes de partir dijo que no estaban de acuerdo con la decisión tomada y que “lo mejor sería restaurar la situación que había al 30 de abril”.
No obstante, Bukele respondió en Twitter: “Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”.