Tras el regreso de las fiestas, el gobierno español pide "responsabilidad"

Las imágenes de fiestas callejeras sin mascarillas ni distancia tras el fin del estado de alarma causaron estupefacción en España, donde el gobierno lanzó este lunes un llamado a la "responsabilidad".

"El fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones", advirtió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en el diario El País.

"Las autoridades debemos seguir actuando y la ciudadanía comportándose con responsabilidad", abundó Campo.

Tras medio año de toque de queda y de prohibición de la movilidad entre regiones amparados por el estado de alarma decretado a finales de octubre, los españoles recuperaron algunas libertades el domingo, cuando concluyó este régimen de excepción.

Portada de numerosos diarios españoles, las imágenes de ciudadanos festejando y bebiendo en las calles de Madrid o Barcelona, en muchos casos sin mascarilla ni distancias de seguridad, impactaron en España.

"La libertad no consiste en hacer botellones (reuniones de jóvenes para beber alcohol al aire libre)", advirtió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular (PP, derecha).

La oposición señala a Sánchez

La oposición de derecha, aunque muy permisiva en la región de Madrid que gobierna donde ha mantenido bares y restaurantes abiertos desde junio de 2020, culpó inmediatamente al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"El único responsable de las aglomeraciones es Sánchez", denunció el lunes el líder del PP, Pablo Casado, acusando al gobierno de no haber ideado un plan b para manejar la crisis sanitaria una vez finalizado el estado de alarma.

"Al gobierno central le ha vuelto a faltar previsión", estimó de su lado el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno del PP, quien reclamó "instrumentos suficientes" y "coordinación" con las regiones, competentes de la gestión de la salud pública en este país descentralizado.

En la región de Madrid, feudo del PP donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones regionales del 4 de mayo, el gobierno regional puso la culpa en el comportamiento de una minoría.

"No podemos encerrar a 7 millones de habitantes por unos centenares de jóvenes", dijo Enrique López, responsable de Justicia en el ejecutivo regional.

"Una cerveza o una vida"

Justificando su actuación, el gobierno aseguró, en voz de su ministro de Justicia, que la legislación ofrece mecanismos "adecuados a la fase de la pandemia en la que nos encontramos", subrayando que "el 28% de la población (cuenta) con al menos una dosis de la vacuna".

Las regiones pueden limitar horarios o aforos de bares, restaurantes y comercios, pero para aplicar medidas que afectan derechos fundamentales como el toque de queda o cierres perimetrales deben solicitar una autorización judicial.

El turístico archipiélago de Baleares y la región de Valencia, en el este del país, por ejemplo, obtuvieron luz verde de los tribunales para mantener el toque de queda.

"Orgullo porque en la Comunidad Valenciana nadie ha discutido nunca que vale más: una cerveza o una vida", tuiteó el presidente socialista de la región, Ximo Puig.

Por el contrario, en el archipiélago atlántico de Canarias o en el País Vasco (norte), los tribunales rechazaron las solicitudes para mantener el toque de queda.

Canarias anunció que impondrá un recurso ante el Tribunal Supremo, una posibilidad abierta por el gobierno que estableció un mecanismo especial para que las regiones puedan acudir a la más alta jurisdicción española, para que esta siente jurisprudencia y unifique criterios.

El Supremo fijará "la pauta común para todo el país", indicó el ministro de Justicia, añadiendo que el gobierno está dispuesto a estudiar "cambios legales adicionales" si así lo recomienda este tribunal.