Centroamérica pide a EEUU más acciones contra corruptos
Mientras Estados Unidos busca maneras de abordar las causas de la migración en Centroamérica, grupos locales de la sociedad civil hacen recomendaciones para frenarla. Entre ellas destaca una reforma a los sistemas políticos y económicos.
En 2020 unos 50 mil centroamericanos que huyeron de Guatemala, Honduras y El Salvador por la pobreza o la violencia fueron deportados desde Estados Unidos a sus países. Entender las causas de la migración es lo que algunos activistas centroamericanos quisieran que Estados Unidos aborde, y no solo la ejecución de acciones de seguridad que se han planteado en otros gobiernos.
La desigualdad, la pobreza, la desnutrición y la inseguridad —que provocan que la gente migre— pueden ser consecuencia de la corrupción, la falta de acceso a servicios básicos, a oportunidades de trabajo, al olvido del Estado de las comunidades pobres, a la utilización electoral de las poblaciones o a la desigualdad en la riqueza, dicen algunos expertos.
El martes la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris —designada por el presidente Joe Biden para tratar el tema migratorio en la región— planea escuchar en una reunión virtual a actores de la sociedad civil guatemalteca para conocer más sobre sus necesidades.
Helen Mack, activista y defensora de derechos humanos en Guatemala, opina que si se quiere atacar la raíz de la migración hay que afrontar corrupción e impunidad. Según Mack, esta problemática obedece a las asimetrías del poder económico y político, la distorsión de los sistemas de partidos políticos y la cooptación del sector justicia.
Mack piensa que entre las acciones que podrían generar cambios estaría la creación de una comisión regional de combate a la corrupción e impunidad, crear una base de aliados multilaterales para debilitar la resiliencia de redes ilícitas, sanciones y designaciones individuales aplicadas de maneras estratégicas. También se podría condicionar la asistencia bilateral con indicadores para evaluar la voluntad política en cada país y que las empresas con capitales estadounidenses invertidos en la región fortalezcan sus medidas anticorrupción.
Estados Unidos pareciera establecer una buena comunicación en materia migratoria con Guatemala. Con Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández ha sido vinculado a temas de narcotráfico, el trato ha sido menos fluido, mientras que con El Salvador la situación con el presidente Nayib Bukele no pareciera estar en su mejor momento.
Graco Pérez, especialista hondureño en Relaciones Internacionales, explica que Estados Unidos debería apoyar a Honduras para fortalecer la institucionalidad, la aplicación de la justicia y la lucha contra la corrupción. “Son cosas que se pueden hacer de forma inmediata y que creará un ambiente de esperanza para la mayoría de la población”, expresó.
Pérez cree que fortalecer la institucionalidad y crear un estado de derecho real mejoraría el ambiente de esperanza para la población, así como la atracción de inversión nacional y extranjera “para que los compatriotas no se vayan” dijo.
“Estados Unidos tiene una serie de listas, leyes contra el lavado de activos y la corrupción para ayudar al país, porque desde adentro difícilmente se va a iniciar la lucha contra la corrupción”, dijo Pérez. “Cuando la situación es tan desesperante en el país, no hay muro, no hay militarización o fortalecimiento de fronteras que puedan detener la migración”.
Para César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), conocer la realidad de las comunidades es el reto más grande. “El segundo es que toda intervención que quieran hacer para detener la migración irregular tiene que hacerla desde las comunidades de origen porque allí están las familias tomando la decisión, en las comunidades de origen los jóvenes están pidiendo oportunidades para generar ingresos, para generar trabajos, necesitamos una inversión directa a las comunidades de origen de los migrantes”, dijo.
Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (ICEFI) dice que se necesita acabar con lo que llaman “la alianza criminal”, una colusión de sectores políticos, empresariales, gubernamentales y judiciales que han cooptado el país para proveerse de impunidad tras cometer actos de corrupción.