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Ola de inmigración pone a Biden contra las cuerdas

Desde que asumió el 20 de enero, el presidente Joe Biden tardó apenas unas semanas en anular muchas de las denostadas medidas de inmigración tomadas por su predecesor Donald Trump, como la de deportar niños que llegaban solos a la frontera y obligar a los migrantes a esperar en México mientras se procesaban sus solicitudes de asilo.

Mientras se abocaba a elaborar una ley de inmigración para tratar los problemas a largo plazo, el nuevo gobierno no tenía un plan inmediato para manejar una ola de migrantes. Funcionarios de carrera del sector habían advertido sobre esa posibilidad tras el cambio de gobierno y la anulación de las medidas de Trump, consideradas crueles.

Ahora las autoridades se desesperan por ampliar las instalaciones para los 14.000 inmigrantes detenidos por las autoridades federales —y los que probablemente vendrán— y el gobierno está contra las cuerdas ante las críticas de que debería haber estado mejor preparado para enfrentar un problema previsible.

“Deberían haber previsto la necesidad de espacio (para inmigrantes jóvenes) con mayor rapidez”, dijo Ronald Vitiello, un exfuncionario de inmigración y de la Patrulla Fronteriza bajo gobiernos tanto demócratas como republicanos. “Y ahora, viéndolo retrospectivamente, se me ocurre que deberían haber ampliado los refugios antes de modificar las medidas”.

La situación en la frontera con México es compleja.

Desde que asumió Biden, se ha visto un aumento brusco de la cantidad de personas con las que se encuentran los funcionarios de inmigración. Se encontraron con 18.945 personas en familia y 9.297 niños no acompañados, un aumento de 168% y 63% respectivamente con respecto al mes anterior, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Esto crea un reto logístico enorme, porque los niños, en especial, requieren mayores cuidados y una mayor coordinación entre los organismos.

Con todo, estas cifras son menores de lo que fueron durante ciertas épocas del gobierno de Trump, como en la primavera boreal de 2019.

Los funcionarios de carrera, superados por las oleadas anteriores, advierten desde hace tiempo sobre el aumento de inmigrantes en la frontera.

A los niños migrantes se los envía desde celdas en la frontera a otras instalaciones del gobierno antes de entregarlos a sus patrocinadores. El gobierno de Trump aplicó una medida llamada de “averiguación de antecedentes mejorada”, bajo la cual se enviaba información a los funcionarios de inmigración, que arrestaban a algunos patrocinadores, por lo cual algunos temían ir a recoger a los niños ante la amenaza de la deportación. Biden ha anulado esa medida, de modo que los funcionarios de inmigración esperan que se acelere el proceso.

Los funcionarios del gobierno actual argumentan que Biden heredó estos problemas de Trump, quien socavó y debilitó el sistema de inmigración.

La Casa Blanca también destaca la decisión del presidente de enviar personal de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que asiste a la gente afectada por desastres naturales, para reforzar el procesamiento del número creciente de menores no acompañados que llegan a la frontera.

Biden y otros han rechazado la idea de que hay una “crisis” en la frontera.

“Creo que para el mes próximo tendremos suficientes camas para esos niños que no tienen adónde ir”, dijo Biden en una entrevista reciente con la cadena ABC cuando se le preguntó si su gobierno no debería haber previsto la ola de migrantes. “Pero que quede claro que a la amplia mayoría de las personas que cruzan la frontera se las envía de regreso... se las envía de regreso inmediatamente”.

Adam Isacson, un analista del grupo de derechos humanos Oficina de Washington sobre América Latina, dijo que los republicanos exageran al afirmar que hay una “crisis” en la frontera, pero que la ola de migrantes era previsible.

Hay una tormenta perfecta de factores, dijo: los huracanes que azotaron Centroamérica a fines del año pasado; las consecuencias económicas de la pandemia; los típicos patrones estacionales de migración; los miles de migrantes centroamericanos varados en la frontera desde hace meses; y el azote persistente de la violencia pandillera en los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Isacson dijo que el gobierno de Biden tal vez se demoró “dos o tres semanas” en prepararse para el aumento de los menores no acompañados y la consiguiente falta de alojamientos al anunciar en febrero que dejaría de deportarlos.