La Amazonía peruana vuelve mancharse de sangre con otra indígena asesinada
Esta vez la víctima no había denunciado las amenazas por el temor mismo a poner su vida aún más en riesgo
Foto Web Superlativa Perú
La Amazonía peruana se ha vuelto a manchar de sangre con el séptimo asesinato en menos de un año de indígenas ejecutados por enfrentar al narcotráfico, la tala ilegal y la deforestación que invade y arrasa los bosques de sus territorios, ubicados en el corazón de la selva.
La última víctima es Estela Casanto, una mujer de 55 años de la etnia asháninka, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi, quien había sido amenazada repetidamente por otra mujer, una vecina "colona", como llaman los nativos a las personas foráneas que se asientan en su territorio sin su permiso.
"Estamos bastante preocupados. Pensábamos que no se iban a hacer realidad las amenazas, pero ya tenemos un caso en pleno estado de emergencia por la pandemia", dijo este lunes a la Agencia Efe el presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), Teddy Sinacay.
Esta vez la víctima no había denunciado las amenazas por el temor mismo a poner su vida aún más en riesgo y, sin embargo, su cuerpo fue encontrado el viernes sin vida en el fondo de un barranco de Shankivironi, comunidad del valle del río Perené a su paso por la provincia de Chanchamayo, en la céntrica región de Junín.
Sospechosos en libertad
La ausencia de una denuncia ha hecho que los presuntos culpables de la muerte de Casanto hayan quedado en libertad pese a haber sido detenidos inicialmente por la Policía.
"Eso nos molesta porque es como que se están burlando de nosotros. Esperamos que la Policía y la Fiscalía hagan una buena investigación pero presentimos que no se está haciendo un buen trabajo", advirtió Sinacay.
"La necropsia dice que falleció atragantada por masticar hoja de coca. Es algo indignante.Sabemos que ha sido un crimen planificado, porque la han sacado a la fuerza de su vivienda. Ha sido golpeada porque hay restos de sangre en su propia cama. Luego han trasladado el cuerpo para aventarlo por un barranco", agregó.
La Ceconsec, que agrupa a 120 comunidades nativas asháninkas, exigió protección para la comunidad de Shankivironi y anunció que acudirá a instancias internacionales para exigir al Estado peruano que garantice la defensa de los defensores de la vida, los territorios colectivos, el medioambiente y los derechos humanos.
Al contrario de otras zonas del país donde las comunidades indígenas que están enzarzadas en engorroso y burocrático trámite legal que puede tomar más de 20 años para lograr los títulos comunales de propiedad de sus territorios, casi todas las comunidades de la selva central cuentan con su título.
Sin límites claros
Sin embargo, estos títulos tienen una antigüedad de unos 40 años y carecen de coordenadas que limiten sus espacios, lo que está dando lugar a multitud de conflictos territoriales de invasores que toman parte de su territorio para arrasar los bosques y poner cultivos.
"Hay muchos casos y, cuando intervenimos, los que quieren quitar el territorio de la comunidad reaccionan con amenazas. Eso pone en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias. En cualquier momento puede ocurrir algo contra nosotros", señaló Sinacay.
"Quiero pedir a la cooperación internacional que continúe apoyando a los pueblos indígenas, pero de manera directa con nosotros, porque nosotros somos los que conocemos los problemas que atravesamos a diario. Para el Gobierno parece que esto no es prioritario", agregó.
El asesinato de Casanto es el último episodio de una serie de violentos crímenes contra indígenas que defienden sus derechos territoriales de invasores dedicados a actividades ilícitas y que parecen haberse recrudecido durante el tiempo de la pandemia de la covid-19.
Entre el año pasado y el actual han sido asesinados cuatro indígenas, entre ellos cuatro de la etnia cacataibo y tres asháninkas.
Los crímenes se han concentrando en la mitad central del territorio peruano, en el enclave amazónico que componen las regiones de Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.
Asesinatos en serie
La serie comenzó en 2020 en pleno confinamiento por la covid-19 con los asesinatos de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, de etnia cacataibo; y Gonzalo Pío, líder de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai, de etnia asháninka, y cuyo padre, Mauro Pío, también fue asesinado en 2013.
Ambos trataban de lograr la titulación de los territorios de sus comunidades para hacer frente al narcotráfico y la tala ilegal, respectivamente.
En medio de los dos casos también fue asesinado en abril Benjamín Ríos en la comunidad asháninka de Kipachari, y en mayo Santiago Vega, de la comunidad indígena cacataibo Sinchi Roca.
En febrero de este año fueron asesinados otros dos cacataibos: Herasmo García y Yenes Ríos en las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo, respectivamente, lo que provocó que la población de esta última huyera de su territorio ante el temor a nuevos asesinatos.
En esta serie de asesinatos también se incluyen los de otros defensores ambientales como Lorenzo Wampagkit, guardián de la Reserva Comunal Chayu Nain; y Roberto Pacheco, hijo de Demetrio Pacheco, que regenta una concesión forestal amenazada por presuntos mineros auríferos ilegales en la región de Madre de Dios.
"Van nueve y todos están en la impunidad", lamentó Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
La impunidad es la tónica de esto crímenes, como ocurre con el caso más emblemático, el cuádruple asesinato de nativos ashéninkas en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto en 2014 por presuntos madereros legales a los que todavía no les han abierto juicio.