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Gran Bretaña investiga el Apple App Store

Los programadores se quejan de que la compañía requiere que cualquier compra o actualización de las apps sea hecho a través de su sistema Apple Pay, que cobra una comisión de 30%.

Foto de la aplicación App Store de Apple, el 19 de marzo de 2018. (AP Foto/Patrick Semansky, File)

Foto de la aplicación App Store de Apple, el 19 de marzo de 2018. (AP Foto/Patrick Semansky, File)

Las autoridades británicas iniciaron una investigación de la App Store de Apple por preocupación de que tiene una posición dominante que obstaculiza la competencia y daña a los consumidores.

La Autoridad de Competencias y Mercados dijo el jueves está examinando “posibles violaciones de la ley de competencia” por Apple. El anuncio se suma al escrutinio regulatorio de la plataforma de distribución de Apple, que está sujeta además a tres pesquisas antimonopolio por la Comisión Europea.

Apple dijo que la App Store es “un lugar seguro y confiable para los consumidores” y una “gran oportunidad negocios para los programadores”.

La investigación fue desatada en parte por quejas de los programadores de apps de que Apple solamente les deja distribuir sus apps a usuarios de iPhone y iPad a través del App Store. Los programadores se quejan además de que la compañía requiere que cualquier compra, añadido o actualización de las apps sea hecho a través de su sistema Apple Pay, que cobra una comisión de 30%.

“Millones de nosotros usamos apps todos los días para ver el parte meteorológico, jugar o pedir comida”, dijo Andrea Coscelli, jefe de la Autoridad, en una declaración. “Por tanto, las quejas de que Apple está usando su posición en el mercado para fijar términos que son injustos o pudieran restringir la competencia y las opciones — causando potencialmente que los consumidores sean perjudicados al comprar y usar apps — merecen una investigación cuidadosa”.

La agencia dijo que considera si Apple tiene “una posición dominante” en la distribución de apps para productos de Apple en Gran Bretaña y, si es así, si la compañía “impone términos injustos o anticompetitivos a los programadores” que resultan en menos opciones y precios más altos para los consumidores.