Organismos electorales de Ecuador se enfrentan antes de comicios de febrero
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el tribunal electoral por un supuesto conflicto de competencias, luego de que este último habilitara para los comicios generales de febrero a un partido que había sido eliminado.
El CNE solicitó a la corte que determine si el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) "puede intervenir en funciones privativas" del consejo "o si la competencia de organizar el proceso electoral es exclusivo de la administración electoral", señaló el organismo en un comunicado.
El CNE, encargado de celebrar las elecciones, y el TCE, de hacer cumplir las reglas, sostienen una pugna de poder. El primer organismo se niega a aplicar un dictamen del segundo, que habilitó al movimiento político Justicia Social.
Esa organización, que había sido eliminada de la lista de partidos por no haber alcanzado el mínimo de cargos en anteriores comicios, no ha podido inscribir sus candidaturas para las elecciones del 7 de febrero.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, confió en que se cumplirán los plazos del calendario electoral, pese a que por la pugna todavía no hay una lista definitiva de candidatos a la Presidencia y el Congreso.
"Estamos ajustando tiempos para que se cumplan con los plazos previstos", dijo Atamaint a la prensa, recordando que la fecha tope en la que podrían enviar a imprimir las papeletas es el 7 de enero.
El CNE en su comunicado hizo un llamado a la Corte Constitucional para que trate con "celeridad" la demanda, considerando que la campaña electoral debe iniciar el 31 de diciembre.
Justicia Social, que acusa de desacato a cuatro de los cinco consejeros electorales, impulsa la postulación a la presidencia del empresario multimillonario Álvaro Noboa, cargo al que ya se ha presentado sin éxito en cinco ocasiones, entre 1998 y 2013.
Por su parte, la Fiscalía fue autorizada por la Suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) para iniciar una investigación contra los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la falta de claridad en la aplicación de las normas electorales.
Las autoridades electorales gozan de inmunidad durante los procesos comiciales y la investigación de la Fiscalía no implica un proceso penal.