México quiere ser quien juzgue a sus funcionarios corruptos

El canciller Marcelo Ebrard dijo el jueves que México no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos, una medida que podría revertir la larga tradición de que los casos más sonados de corrupción acaben en tribunales estadounidenses. Sin embargo, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno mexicano sigue dispuesto a cooperar en materia de extradición tanto de narcotraficantes como de sus cómplices.

Esta serie de declaraciones tuvo lugar un día después de que Estados Unidos desistiera de enjuiciar por tráfico de drogas y lavado de dinero al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, cuya detención el mes pasado en Los Ángeles enfureció al gobierno mexicano y suscitó una dura negociación diplomática hasta que el ejecutivo logró que el general regresara a México para ser investigado en el país.

El portavoz presidencial, Jesús Ramírez, explicó a The Associated Press que se mantendrán los tratados de cooperación con Washington, pero México espera que haya procesos formales de intercambio de información y extradición.

“Lo que no queremos son acciones sorpresa”, subrayó en aparente referencia al arresto del general. En el caso de narcotraficantes o de personas que tengan delitos en los dos países “se justifica que sean juzgados en Estados Unidos”, agregó

Ramirez matizaba así las declaraciones hechas horas antes por Ebrard, en las que indicó que lo que se había convenido y conversado con Washington a raíz del caso Cienfuegos fue que “quienes resulten responsables de acuerdo a nuestras leyes sean procesados, juzgados y, en su caso, sentenciados en México, por México y no en otros países”.

El canciller sugería así que el acuerdo que llevó a la liberación del general iba más allá del militar y tenía otras implicaciones.

En respuesta a los comentarios de Ebrard, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no se habían alcanzado nuevos acuerdos entre los dos países. El funcionario pidió el anonimato por no estar autorizado a discutir públicamente los detalles de conversaciones diplomáticas privadas.

Poco más tarde, Roberto Velasco, director general de Asuntos de América del Norte de México, señaló que los delitos cometidos en este país se investigarán y enjuiciarán en México pero “en cuanto al crimen transnacional que involucra a ambos países, o a terceros, ambos gobiernos seguiremos compartiendo evidencia y datos disponibles, para posteriormente evaluar cómo proceder con base en los casos específicos”.

La detención de Cienfuegos suscitó fuertes protestas de las autoridades de México por no haber sido informadas de esa investigación y la situación parecía amenazar con dañar la delicada relación que ambos países mantienen en cuestiones de seguridad. También generó alarma al interior de las fuerzas armadas mexicanas, actores importantes en la lucha contra los cárteles.

Toda esta vorágine diplomática tiene lugar cuando Estados Unidos se ve sumido en un escenario de incertidumbre postelectoral. El ex vicepresidente Joe Biden reunió los suficientes votos electorales para ganar pero el presidente Donald Trump ha impugnando el resultado y no ha permitido a su administración cooperar en el traspaso de poder ni proporcionar a Biden información sobre relaciones exteriores.

Cienfuegos, de 72 años, fue acusado formalmente en secreto por un jurado investigador federal en 2019 en Nueva York de confabulación con el cártel H-2 en México para traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana cuando fue secretario de la Defensa de 2012 a 2018, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según la fiscalía, mensajes interceptados mostraron que Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de garantizar que el ejército no combatiera a ese cártel y que se emprendieran operaciones contra grupos delictivos rivales. También se le acusó de presentar a jefes del cartel a otras autoridades mexicanas corruptas.

El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el retiro de los cargos contra el general en aras de conservar la cooperación transfronteriza. La decisión aparentemente tuvo lugar después de que México amenazara con expulsar a miembros de agencia antidrogas estadounidense, la DEA por sus siglas en inglés.

Sin embargo, el presidente López Obrador negó las amenazas. “Lo único que hicimos fue expresar nuestra inconformidad. No amenazamos nosotros de expulsar a los agentes, dijimos que queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación”, agregó.

“No se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas”, añadió el mandatario, que ha tomado este caso como un asunto de soberanía nacional. “No porque se trate de agencias o instancias de justicia de otros países que ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia”.

Cienfuegos fue devuelto el miércoles a México y quedó en libertad casi de inmediato después de que la fiscalía le notificara que se había abierto una investigación en su contra, lo que alentó críticas y dudas de quienes temen que eluda la justicia.

“Se fue creando esa idea de que... allá sí los castigan, aquí no los castigan”, dijo López Obrador, quien garantizó que “ahora es distinto”.

Ebrard, por su parte aseguró que la fiscalía estará a la altura de las circunstancias, dada la expectación creada. “Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con los Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada”, afirmó.

Todavía se desconoce cuál fue el alcance real de presión ejercida por México y las autoridades estadounidenses dieron explicaciones vagas sobre por qué retiraron los cargos en un caso que, un mes antes, había sido presentado como un gran logro.

Dos funcionarios, uno mexicano y otro estadounidense, indicaron que la estrategia de México incluyó amenazar con expulsar al director regional y los agentes de la DEA a menos de que Estados Unidos desestimara el caso, pero añadieron que eso fue sólo parte de la negociación, aunque no abundaron en más detalles. Ambos funcionarios solicitaron no ser identificados porque no estar autorizados a hacer declaraciones públicas sobre el caso.

México presentó el caso como una victoria de la soberanía del país al haber logrado que Estados Unidos lo trate de igual a igual y confíe en su sistema de justicia. Sin embargo, según la gran mayoría de analistas, es ese sistema uno de los eslabones más débiles del país en la lucha contra el narcotráfico.