Un cansado Puerto Rico vota a nuevo gobierno, otro referendo
El martes también se elegía a legisladores locales y se celebraba el sexto referendo sobre si cambiar la situación legal del territorio.
Los votantes de Puerto Rico elegían el martes a un nuevo gobierno que esperaban pudiera ayudar a sanar un territorio estadounidense castigado por la corrupción, los huracanes, los terremotos y la pandemia del coronavirus.
Entre los seis candidatos que aspiraban a convertirse en el nuevo gobernador estaba Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, que defiende convertir el territorio en un estado. Pierluisi fue representante o de la isla sin derecho a voto en el Congreso y sirvió brevemente como gobernador tras las enormes protestas callejeras del año pasado, que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Roselló.
La mayoría de los sondeos daban una ligera ventaja a Pierluisi sobre Carlos Delgado, del Partido Popular Democrático, que respalda la situación actual del territorio. Por detrás aparecían Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño; Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana; César Vázquez, de Proyecto Dignidad, y el candidato independiente Eliezer Molina.
Tres candidatos optaban a sustituir a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, conocida por chocar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el huracán María golpeara la isla en septiembre de 2017 y causara daños estimados en más de 100.000 millones de dólares, además de provocar unas 2.975 muertes.
Menos de dos años después de la tormenta, cientos de miles de puertorriqueños salieron a la calle reclamando la renuncia de Roselló, en lo que se conoce como el Verano de 2019, un movimiento desencadenado por la filtración de un chat en el que el entonces gobernador y otros funcionarios se burlaron de las víctimas del huracán, entre otras cosas, e hicieron comentarios que llevaron a una investigación por posible corrupción.
Los nuevos candidatos prometieron combatir la corrupción y hacer cambios en la isla, sumida en una crisis económica y que trata de reestructurar parte de sus más de 70.000 millones de dólares de deuda pública, que las autoridades declararon como impagable en 2015.
El vencedor tendrá que trabajar con una junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y que ya ha chocado con autoridades locales por las medidas de austeridad, que incluían una propuesta para recortar las pensiones públicas.
Los candidatos encuentran una base de votantes mermada por la emigración derivada de las dificultades en la isla. En estas elecciones hay 2,36 millones de posibles votantes, por debajo de los 2,87 millones de 2016 y los 2,4 millones de 2012.
El martes también se elegía a legisladores locales y se celebraba el sexto referendo sobre si cambiar la situación legal del territorio. El plebiscito formula una única pregunta: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado?”. Es una votación consultiva, ya que el Congreso tendría que aprobar esa decisión.
Algunos puertorriqueños han celebrado la creciente diversidad de partidos y candidatos en los últimos años, que ha erosionado poco a poco el dominio ejercido durante décadas por los nuevos progresistas y los populares democráticos sobre la política de la isla.
“Estamos viendo unos años de transformación”, dijo Roberto Robles, de 21 años y que votaba por primera vez.
El domingo estaba parado cerca de un semáforo en su localidad de Guayanilla, una población en la costa suroeste de la isla que fue de las más afectadas por una serie de sismos iniciada a finales del pasado diciembre. Estaba solo, portando un cartel que decía “¿Por qué escogerías lo mismo? Vote”, mientras los coches pitaban en señal de aprobación al pasar.
El analista político Mario Negrón dijo que no estaba sorprendido por las protestas ni la demanda de nuevos rostros y partidos conforme la infraestructura de la isla se deteriora, los gobiernos de los dos partidos tradicionales siguen perdiendo credibilidad y continúa el éxodo al territorio continental estadounidense.
“Era obvio que esto iba a ser el final”, señaló. “La administración pública de Puerto Rico hace muchos años colapsó”.
“La pregunta ahora es, ¿y ahora qué?”, añadió.