UE inicia batalla legal con Londres por ley sobre el Brexit

La Unión Europea emprendió el jueves acciones legales contra Gran Bretaña por sus planes de aprobar una ley que incumpliría parte del acuerdo de divorcio legalmente vinculante firmado por ambas partes el año pasado.

La iniciativa de la UE hacía patente el deterioro de las relaciones con Londres, que fue miembro del grupo hasta el 31 de enero. Las dos partes intentan cerrar un acuerdo comercial básico antes de final de año, aunque la lucha por la controvertida Ley británica de Mercado Interno ha tensado las relaciones este mes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el plan británico “por su propia naturaleza es una ruptura de la obligación de buena fe planteada en el Acuerdo de Salida”.

“Si se aprueba como está, quedará en plena contradicción con el protocolo de Irlanda-Irlanda del Norte” contemplado en el acuerdo, afirmó.

Los líderes europeos temen que la norma pueda llevar a la reimposición de una frontera dura entre Irlanda del Norte, que forma parte de Reino Unido, e Irlanda, miembro de la UE, y erosionar la estabilidad que ha respaldado la paz desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998.

La UE había dado a Londres hasta el miércoles para retirar la ley. En lugar de eso, los parlamentarios británicos aprobaron el texto el martes por 340 votos a favor y 256 en contra en su última votación en la Cámara de los Comunes.

“El plazo límite terminó ayer”, dijo Von der Leyen. “Las cláusulas problemáticas no han sido eliminadas. De modo que esta mañana, la Comisión ha decidido enviar una carta de aviso formal al gobierno británico” que augura el inicio de una larga batalla legal.

“La Comisión seguirá trabajando hacia una implementación plena y oportuna del Acuerdo de Salida”, afirmó. “Nos atenemos a nuestro compromiso”.

La norma también debe aprobarse en la Cámara de los Lores, donde encontrará una firme oposición porque incumple el derecho internacional.

El gobierno británico, por su parte, mantuvo su postura en su primera reacción, afirmando que “necesitamos crear una red de seguridad legal para proteger la integridad del mercado interno británico, asegurar que los ministros siempre puedan cumplir sus obligaciones con Irlanda del Norte y proteger los avances del proceso de paz”.

Si se refrenda, la propuesta dará a Gran Bretaña el poder de ignorar parte del acuerdo de Brexit sobre Irlanda del Norte, que comparte una frontera terrestre de 500 kilómetros (300 millas) con la República de Irlanda.

El gobierno británico ha dicho respetar el acuerdo de paz y el acuerdo de salida, pero que quiere tener la ley por si la UE hace exigencias poco razonables después del Brexit que puedan obstaculizar el comercio entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido.

La amplia mayoría parlamentaria del primer ministro, Boris Johnson, garantizó la aprobación de la ley el martes en la Cámara de los Comunes, pese a la resistencia de la oposición e incluso de algunos miembros del gobernante Partido Conservador.

Al mismo tiempo, autoridades británicas y europeas continuaban sus negociaciones comerciales, que abarcaban desde derechos de pesca a normas sobre ayudas del estado y supervisión legal en caso de disputas.

Queda poco tiempo para limar las diferencias. El periodo de transición que seguía a la salida británica de la UE termina en menos de 100 días, el 31 de diciembre.

La ronda de conversaciones sobre comercio debía terminar el viernes, aunque se esperaba que el proceso continuara hasta la cumbre europea del 15 y 16 de octubre, fijada como plazo límite por el primer ministro británico, Boris Johnson, para llegar a un acuerdo. La UE ha dicho que las negociaciones podrían alargarse hasta final de mes.

Londres dice querer un acuerdo comercial similar al que tiene la UE con Canadá, que permite el comercio de mercancías sin aranceles ni cuotas.

La UE señaló que si Gran Bretaña quiere acceso al mercado comunitario debe respetar los estándares impuestos a las firmas europeas, ya que Gran Bretaña está demasiado cerca como para permitir que no esté sujeto a las mismas normas, lo que podría derivar en el llamado “dumping”, en el que los productos británicos se vendieran más baratos que los de la UE.