Fallo judicial permite a Trump deportar a 300,000 inmigrantes protegidos por TPS
Un tribunal estadounidense dio este lunes luz verde al gobierno de Donald Trump para expulsar a cientos de miles de inmigrantes de cuatro países que habían recibido un estatus de protección por razones humanitarias.
En un fallo 2-1 que será apelado, la Corte de apelaciones del Noveno Circuito dijo que un tribunal federal de San Francisco se equivocó al emitir una orden judicial para proteger de la deportación a unos 300,000 beneficiarios del programa naturales de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
"La decisión de dar a cualquier país un TPS comienza y termina con el secretario" de Seguridad Nacional, dijo la jueza Consuelo Callahan en el fallo.
El TPS ampara a extranjeros residentes en Estados Unidos que por desastres naturales o conflictos armados no pudieran volver de manera segura a sus países.
El gobierno de Trump, de duro discurso antiinmigración, anunció en 2017 que revocaría el estatus a seis países, incluidos El Salvador, Honduras y Haití, argumentando que las condiciones que llevaron a emitir el TPS fueron superadas.
En medio de la batalla legal, Trump prorrogó el estatus hasta enero de 2021.
Callahan rechazó que haya evidencia que soporte la denuncia de que la decisión de eliminar el programa estuvo influenciada por polémicos comentarios antiinmigrantes de Trump, como cuando en 2018 se habría referido a esas naciones como "países de mierda".
"Los demandantes no presentan ni siquiera 'cuestionamientos serios' sobre los méritos de su afirmación de que la terminación del TPS fue indebidamente influenciada por la 'animadversión del presidente contra los inmigrantes no blancos y no europeos'".
El tribunal apuntó que no "aprobaba la naturaleza ofensiva y despectiva" de las observaciones de Trump.
La ACLU, la principal organización de derechos civiles del país, anunció que apelaría la decisión.
"Las viles declaraciones del presidente sobre los poseedores del TPS dejaron perfectamente claro que su administración actuó por animosidad racial", dijo Ahilan Arulanantham, integrante del equipo demandante. "La Constitución no permite que la política sea impulsada por el racismo. Pediremos una revisión de la decisión del tribunal".
Un total de 417,341 personas de 10 países están amparadas por el TPS actualmente, según las últimas cifras oficiales disponibles, en gran parte centroamericanos.
Los salvadoreños representan el 60%, con 251,526 beneficiarios. Le siguen los hondureños (80,633) y haitianos (56,209), mientras que los nicaragüenses suman 4,517.
Muchos de los que tienen el TPS tienen décadas en Estados Unidos y la decisión de la corte "ha puesto en peligro las vidas de cientos de miles de personas", que "se encuentran ahora en el limbo y corren el riesgo de ser separados de sus hijos nacidos en Estados Unidos", dijo Yael Schacher de Refugees International.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, escribió en Twitter que un año será "tiempo suficiente para pedir a nuestros aliados (de EEUU) una solución permanente o al menos, otra solución temporal" para los afectados.