Los funcionarios de inmigración se van a su casa sin goce de sueldo conforme disminuyen las solicitudes de visas

Tres años de políticas de inmigración restrictivas y en ocasiones severas han dejado a familias separadas, a solicitantes de visas varados y a posibles inmigrantes buscando otros destinos.

Ahora, tenemos otro grupo que enfrenta incertidumbre, la cual ha sido provocada en parte por la pandemia del coronavirus y por las políticas de inmigración del presidente Donald Trump: miles de empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés).

Casi el 70 por ciento de los empleados de este organismo están con permiso sin goce de sueldo debido a que se han dejado de percibir las cuotas que se cobran por los trámites de inmigración, las cuales lo financian.

Joseph Edlow, subdirector de política del organismo, mismo que se encarga de investigar a las personas que buscan protección y ayuda de inmigración, les ha dicho a sus cerca de 19.000 empleados que la disminución de los ingresos procedentes de las cuotas vinculadas a las solicitudes de inmigración y visas durante la pandemia ha obligado al organismo a recurrir al Congreso para que les proporcione un fondo de emergencia de 1200 millones de dólares.

No obstante, los demócratas y los republicanos dijeron que el gobierno todavía tenía que proporcionar información suficiente acerca de la solicitud de financiamiento y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración se está preparando para suspender a unos 13.400 empleados para el 3 de agosto.

La causa de la crisis presupuestal es controvertida.

Algunos empleados del organismo y miembros del Congreso culpan a las políticas restrictivas de Trump por haber socavado los ingresos procedentes de las cuotas con el aumento de los retrasos en las solicitudes de visas.

Los altos funcionarios del gobierno culpan a la pandemia. Desde marzo, este organismo ha percibido 50 por ciento menos de ingresos por solicitudes.

Sin importar el motivo, el efecto es real. Russell Vought, director interino de presupuesto de la Casa Blanca, les dijo a los legisladores que las facturas por cuotas del organismo podrían disminuir más del 60 por ciento para el 30 de septiembre, el final del año fiscal. El 97 por ciento del presupuesto del organismo, de 4800 millones de dólares, procede de esas cuotas.

“Parece que esto es la culminación de tres años y medio de cambios y giros en las políticas, uno tras otro, con el fin de restringir la inmigración“, señaló Jason Marks, un representante de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por su sigla en inglés) Capítulo 1924, la cual representa a algunos empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Marks, quien también trabaja como funcionario de capacitación en materia de asilo, hace poco recibió un aviso de suspensión.

En más de una decena de entrevistas, los funcionarios del organismo y los miembros del Congreso dijeron que los permisos sin goce de sueldo no solo perjudicarían la vida personal de los empleados y empeorarían el ánimo del organismo, sino que también paralizarán el sistema de inmigración legal.

“Las operaciones del USCIS dependen mucho de los ingresos que se obtienen de las cuotas de los solicitantes y los aspirantes”, señaló Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional en una carta de apoyo a la solicitud de financiamiento de emergencia. “En muchos aspectos, el USCIS funciona más como una empresa tradicional que como un organismo gubernamental financiado por completo con asignaciones”.

Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración le han dicho al Congreso que devolverán los fondos al Departamento del Tesoro mediante la aplicación de un diez por ciento de recargo a las solicitudes presentadas, pese al hecho de que la pandemia ha ralentizado drásticamente esos trámites.

Tanto los republicanos como los conservadores de Capitol Hill dijeron que necesitan una solicitud formal de ayuda de emergencia que especifique cómo se gastará el dinero.

“La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por su sigla en inglés) no ha proporcionado información por el momento”, señaló la representante Lucille Roynal-Allard, la principal responsable demócrata de California de supervisar los fondos para inmigración y seguridad nacional.

“También estamos pidiendo cierta rendición de cuentas”, comentó, y añadió que la prioridad debe ser evitar despidos.

El año pasado, cuando los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional presionaron al Congreso para que les otorgara 4600 millones de dólares en fondos de emergencia para la frontera, algunos demócratas lo rechazaron debido a la inquietud de que ese dinero contribuyera para la aplicación de leyes antinmigración. Esas sospechas aumentaron luego de que, el mes pasado, en un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se descubrió que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había gastado 112 millones de fondos destinados a alimentos y medicinas en vehículos todo terreno, motocicletas y lanchas.

Robert Kuhlman, vocero de la Oficina de Administración y Presupuesto, señaló que el gobierno había proporcionado al Congreso la solicitud adecuada para obtener los fondos. “Esperamos que los congresistas demócratas acepten nuestra propuesta para poder seguir trabajando”, comentó.

Un alto funcionario de seguridad nacional que habló sobre el tema con la condición de que se mantuviera su anonimato dijo que la oficina de presupuesto necesitaba proporcionar al Congreso una solicitud formal para obtener los fondos.

Tanto los demócratas como los republicanos dijeron que estaban concentrados en evitar las suspensiones y que era posible incluir más apoyo en otro paquete de ayuda por el coronavirus.

La senadora de Virginia Occidental Shelley Moore Capito, la principal encargada republicana de supervisar el gasto en seguridad nacional, mencionó que agregar la ayuda a otro paquete de asistencia por el coronavirus podría ser una forma de apoyar al organismo, ya que la pandemia había contribuido al desplome de sus ingresos.

“Queremos evitar esos despidos”, comentó el miércoles.

Michael Knowles, presidente de la AFGE Capítulo 1924, dijo que los empleados que representaba se sentían atrapados entre la espada y la pared.

“Hay personas a las que no les gustan las políticas de nuestro gobierno y dicen: ‘¿Por qué tengo que dar dinero para financiar a un organismo que se usa para respaldar cosas como los Protocolos para la Protección de los Migrantes?’”, comentó Knowles, refiriéndose a la política que obliga a los migrantes a esperar en México mientras se tramitan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. “Y luego, por otro lado, hay personas de derecha que no desean financiar al organismo y dicen: ‘¿Por qué tendríamos que financiar a un organismo que durante años ha estado regalando la llave para entrar a Estados Unidos?’”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración suspendió la mayor parte de sus actividades el 18 de marzo cuando los estados impusieron las medidas de distanciamiento social, lo que postergó las ceremonias de ciudadanía para miles de posibles inmigrantes.

Sin embargo, las desconsoladoras finanzas del organismo no se pueden atribuir nada más a la pandemia, señaló Cristobal Ramón, analista de alto nivel dedicado a políticas de inmigración en Bipartisan Policy Center, una organización de investigación centrista en Washington. El gobierno también ha aumentado el escrutinio a las solicitudes, prohibido viajes desde muchos países e implementado otras políticas que han disuadido a los posibles inmigrantes, a los estudiantes extranjeros, a los viajeros y a los trabajadores temporales.

Un ejemplo es “la regla de la carga pública” que instauró este año el gobierno para negar a los inmigrantes la green card si se creía que era probable que usaran los programas de prestaciones gubernamentales como los cupones de alimentos o la vivienda subsidiada. Los defensores de la inmigración han dicho que esta política ha disuadido a mucha gente de solicitar la residencia legal permanente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración había pronosticado que tendría problemas financieros mucho antes de la pandemia cuando en noviembre pasado propuso incrementar las cuotas para obtener la ciudadanía más del 60 por ciento para la mayoría de los solicitantes.