Acusan a gobiernos americanos de no proteger a su personal sanitario, en una "situación deplorable"

Amnistía Internacional (AI) ha acusado este martes a los gobiernos de los países americanos de no proteger "de forma adecuada" al personal sanitario que está en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, denunciando que los profesionales de la salud se encuentran en una "situación deplorable".

"En estos tiempos difíciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería (...) por su incansable trabajo para mantenernos seguros", ha dicho la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

La jefa regional de la ONG ha subrayado que "no basta con darles las gracias", sino que "los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad".

'El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá' documenta "cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes".

De las 21 entrevistas realizadas por AI a profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, "solo en dos casos dijeron que consideraban que tenían Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados o casi adecuados", mientras que el resto denunció la falta de EPP y se quejó por cuestiones relativas a las baja por enfermedad, el tiempo de descanso y el apoyo en salud mental.

La ONG ha resaltado el caso de "las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores".

Un limpiador de 70 años que gana poco más de 5 dólares al día trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de México ha contado que le redujeron el sueldo un 16 por ciento por negarse a limpiar sin protección alguna zonas donde habían estado ingresados pacientes de COVID-19.

Amnistía Internacional ha indicado que el personal sanitario "se arriesga a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian" sus condiciones de trabajo, enfatizando que "en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos".

La organización no gubernamental ha llamado la atención sobre el caso de Tainika Somerville, auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos de Chicago cuya propietaria es una empresa privada. Fue despedida después una emisión en directo por Facebook en la que denunciaba la falta de EPP en su lugar de trabajo.

Las amenazas y agresiones al personal sanitario también han venido de parte de los propios ciudadanos en países como Colombia, México y Bolivia. En este último incluso se produjo una lapidación pública, ha lamentado AI.

Amnistía Internacional ha alertado de que, si bien algunos gobiernos han lanzado campañas de sensibilización a favor de los profesionales de la salud, "otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlos".

En concreto, la ONG ha señalado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por vetar dos decretos legislativos que "habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo".

NICARAGUA Y VENEZUELA

También ha advertido de que "en Nicaragua el personal sanitario corre un riesgo especial porque el Gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia de la COVID-19 en el país".

El Gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 25 casos de coronavirus, incluidos ocho decesos. El presidente anunció el lunes que en lo que va de año se han producido 309 muertes por neumonía en el país, pero lo enmarcó en el "ciclo normal de fallecimientos" por esta enfermedad, asegurando que solo "algunos" tendrían que ver con la pandemia.

"El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua dijo a Amnistía Internacional que no solo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protección", ha añadido AI.

Ha apuntado además que "las restricciones de la libertad de expresión han afectado también al derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud". En Venezuela, ha precisado, "las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia".

"Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes (...) alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia", ha defendido Guevara Rosas.

La directora de AI para las Américas ha sostenido que, ahora que "Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas", "es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo".

"Esta pandemia no conoce fronteras y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita", ha reclamado.