Fiscalía de Perú apelará la decisión de liberar a Keiko Fujimori

La Fiscalía de Perú anunció este viernes que presentará un recurso de casación para buscar revertir la decisión judicial que ordenó la liberación de la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien en los próximos días abandonará la cárcel de Lima en la que cumple prisión preventiva.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, informó en la cadena local ATV que la casación se planteará "respecto al plazo de admisión del recurso de apelación" que presentó la defensa de Keiko.

La Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado anuló el jueves la prisión preventiva de 15 meses dictada en enero pasado contra Fujimori, quien es investigada por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

FISCALÍA DEFIENDE SUS DERECHOS

Vela agregó que la Fiscalía cuestionará que el tribunal que ordenó la liberación de Fujimori afectó su derecho a participar en las audiencias de manera activa y hacer uno de sus derechos procesales.

"Los recursos de casación tienen el propósito de unificación de jurisprudencia y de fijar una posición institucional", remarcó.

Indicó que la Fiscalía considera que la sala suprema ha dado "una interpretación ad hoc, una interpretación Fujimori y eso conspira contra el principio de igualdad ante la ley, que tiene que ver con que las decisiones judiciales sean predecibles".

Aseguró, además, que su equipo tiene previsto terminar con la investigación de este caso antes del plazo máximo de 36 meses establecido para las pesquisas.

KEIKO EN LIBERTAD

La excarcelación de Fujimori probablemente se concretará el próximo lunes cuando se cumpla el procedimiento administrativo correspondiente, señaló su abogada, Giulliana Loza.

En ese sentido, la resolución ordenó que Fujimori continúe con comparecencia la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue previo pago de una garantía económica de 70.000 soles (unos 20.000 dólares) en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Deberá cumplir, además, una serie de restricciones como la de no ausentarse de su domicilio y presentarse cada 30 días a una oficina de control judicial.

FALTA DE DILIGENCIA

Los magistrados basaron su decisión en los argumentos legales que se usaron para enviar a Fujimori a la cárcel, al considerar que la sospecha de culpabilidad no es suficiente para dictar prisión preventiva y que la Fiscalía "no muestra diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible".

Esta imputación contra la Fiscalía se produjo en momentos en que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato ha tenido que paralizar gran parte de sus diligencias e investigaciones por la epidemia de COVID-19.

Incluso el fiscal José Domingo Pérez, encargado de investigar a Fujimori, criticó que se celebrara la audiencia en la que se vio el pedido de la defensa de Keiko con el argumento de que se debía resguardar la salud de los participantes en esta investigación.

El fiscal Vela agregó que había presentado un pedido para que el tribunal anulara la vista del recurso y que durante la epidemia de COVID-19 se están dando "pedidos oportunistas, un uso procesal malicioso de un mecanismo de cese" de la prisión preventiva para investigados por corrupción.

OTROS ARGUMENTOS

Sin embargo, aunque el tribunal admitió la seriedad del delito que se imputa a Fujimori, dijo que ni eso, ni una eventual condena severa o la posibilidad de fuga, "resultan suficientes luego de transcurrido cierto plazo" en prisión.

Consideró, por ese motivo, que la comparecencia es "suficientemente idónea" para impedir que Fujimori pueda obstaculizar la actividad probatoria de la justicia y agregó que se debe "evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y por ende excesiva" como la prisión preventiva.

Los miembros del tribunal también mencionaron la propagación de la epidemia de COVID-19 y aseguraron que la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha recomendado adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país, entre ellas la "revaluación de los casos de prisión preventiva".