Deportados de EEUU, víctimas en El Salvador

Camila Díaz abandonó El Salvador y huyó hacia el norte con la esperanza de lograr una vida mejor, sin sufrir discriminación ni violencia por ser una mujer transgénero. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos la deportó a fines de 2017 y la envió de regreso a su peor pesadilla: las calles de San Salvador, donde fue asesinada poco más de un año después.

Esta salvadoreña de 30 años se convirtió en una de las 138 personas que han muerto de forma violenta en el país centroamericano desde 2013 tras haber sido deportadas desde Estados Unidos, según un informe reciente de la organización Human Rights Watch.

En momentos en que la administración de Donald Trump pone barreras a la obtención de asilo para los inmigrantes que lo piden, las cifras del informe reflejan un panorama lúgubre, generado en parte por la violencia de las pandillas en El Salvador y la falta de recursos de las fuerzas de seguridad locales, dicen algunos expertos.

“El Salvador es un país pequeño, es un país pobre, es un país muy violento y la policía tiene pocos recursos”, opinó Meg Galas, directora del norte de Centroamérica para el International Rescue Committee, una organización de ayuda humanitaria.

“Cuando la gente es deportada, es deportada de vuelta a la violencia y el miedo”, indicó.

La ley internacional prohíbe que se devuelva a alguien a un país donde esa persona enfrenta persecución. Algunos activistas aseguran que, bajo la administración de Trump, Estados Unidos no cumple con sus propios reglamentos de dar a los solicitantes de asilo una oportunidad para explicar su complicada situación.

Portavoces de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE, dijeron el viernes que inmigrantes introducidos al sistema de deportación reciben el proceso legal apropiado ante las cortes de inmigración. La agencia señaló que sólo deporta acorde a leyes federales aprobadas por el Congreso.

El Departamento de Justicia estadounidense asegura que el objetivo de las nuevas normas migratorias es evitar que los inmigrantes saturen el sistema regulatorio del país y que perjudiquen la seguridad nacional.

Desde el año fiscal 2013 hasta 2019, Estados Unidos ha deportado a 144.504 salvadoreños, según ICE.

El caso de Camila capturó algunos titulares.

Camila abandonó su país en 2014 tras recibir una golpiza que le dejó la mandíbula dislocada y poner una denuncia que no prosperó. Llegó hasta México, pero regresó al poco tiempo porque en ese país también se la hostigó por ser trans. De vuelta en El Salvador, trabajó en una cervecería en unas de las zonas rojas de la capital, donde recibió amenazas de muerte por parte de pandilleros.

En 2016 volvió a abandonar El Salvador.

En su camino hacia el norte, Camila conoció a Leticia, otra salvadoreña transgénero, en un refugio para migrantes en Tapachula, México. Leticia, que habló con The Associated Press, prefiere no dar su nombre real por motivos de seguridad.

Ambas mujeres vivieron en México 18 meses. En Tapachula, en el estado de Chiapas, obtuvieron documentos de refugiadas, pero se sentían hostigadas y decidieron irse a Ciudad de México.

“Por ser chicas trans, y como nos vestíamos, tampoco nos dieron trabajo, vivían discriminándonos. También tuvimos que prostituirnos para sobrevivir”, dijo Leticia.

Desesperadas viajaron hasta la frontera sur de Estados Unidos, donde se entregaron a las autoridades de migración. Camila estuvo detenida un par de meses en un centro de detención en San Diego, California, hasta que fue deportada. Leticia estuvo nueve meses en el centro y fue tres veces a la corte, hasta que fue deportada en mayo de 2018.

“Camila no aguantó el acoso y a pesar de decirles y decirles que corríamos peligro, a ella la deportaron primero. Yo seguí peleando, pero al final me deportaron, y ahora a ella ya la mataron”, dijo Leticia.

Camila desapareció la noche del 30 de enero de 2019 cuando trabajaba en las calles de la capital y fue encontrada la madrugada del 31 con múltiples golpes, pero aún con vida. Rescatistas la trasladaron al hospital Rosales de San Salvador, donde murió el 3 de febrero.

Mónica Linares, de la Asociación ARCOIRIS TRANS, dijo a AP que el grupo exigió al Ministerio Público que investigara la muerte. El caso dio como resultado la captura de tres policías que según la fiscalía la detuvieron en una calle y la lanzaron desde una patrulla en una carretera en Soyapango, en la periferia este de San Salvador.

Los policías detenidos están a la espera de la resolución del juez, que determinará si hay pruebas para que vayan a juicio o queden en libertad.

Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015, pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Mientras tanto, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de 1.000% entre 2012 y 2017 y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo. Sólo el 18% recibió protección.

Human Rights Watch confirmó las 138 muertes a través de registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta.

La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco ha dicho que algunos asesinados eran miembros de pandillas, aunque reconoció que los deportados enfrentan estigmatización en el país.

Marcos González fue, al igual que Camila, uno de los deportados que murió en su país natal.

El salvadoreño había llegado a Estados Unidos con sus padres cuando era un adolescente. En Los Ángeles estudiaba y ayudaba a su padre en su trabajo como jardinero. Pasaron los años y se hizo algunos tatuajes.

Un día la policía lo arrestó, explicó una prima suya que aseguró desconocer el motivo del arresto. La salvadoreña, que habló con AP, prefirió omitir su nombre por motivos de seguridad.

Explicó que la familia de González no pudo pagar la fianza y, en 2011, fue deportado.

En una ciudad en el este del país, pandilleros vieron sus tatuajes y sospecharon que González había pertenecido a un grupo rival en Los Ángeles. “Si uno se hace un tatuaje, ellos quieren averiguar por qué te lo hiciste, de qué mara eres”, explicó la salvadoreña, que aseguró no saber si González pertenecía a alguna.

El joven de 23 años fue amenazado varias veces y vivía con temor. Fue asesinado a machetazos en una casa cercana a la suya en 2013.

“Era como mi hermano”, dijo la prima, sin poder contener las lágrimas.

La familia veló a González y parece que eso no le gustó a la pandilla, que los amenazó.

Huyeron entonces a casa de otra prima. El miedo, sin embargo, seguía. La salvadoreña se fue en 2015 con su hijo de entonces tres años y cruzó la frontera entre México y Estados Unidos. Pidió asilo al llegar y aún sigue en proceso migratorio, en Los Ángeles.

“Hay muchachos adolescentes que, si no hubieran sido deportados, estarían vivos. Es algo terrible”, dijo.

Los homicidios calculados por Human Rights Watch ocurrieron en los gobiernos de Trump y el expresidente estadounidense Barack Obama.

El gobierno de Trump obliga a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México o Guatemala mientras sus peticiones son evaluadas.

Antes, muchos de los que reclamaban protección habrían podido quedar en libertad en Estados Unidos a la espera de una decisión que podría demorarse un año o más.

A pesar del gobierno de Trump y su dura política migratoria, Leticia, la amiga de Camila, planea volver a intentar ingresar a Estados Unidos en marzo.

“Quiero emprender nuevamente el viaje a ver qué me depara el destino”, dijo.