Juez ordena cierre de todas las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Río

Un juez federal brasileño ordenó este miércoles el cierre provisional de todas las instalaciones, estadios y gimnasios que Río de Janeiro construyó para los Juegos Olímpicos que organizó en 2016 debido a que carecen de las respectivas licencias que atesten su seguridad.

El juez Eugenio Rosa de Araújo, titular del decimoséptimo juzgado federal de Río de Janeiro, acató una petición del Ministerio Público para prohibir provisionalmente cualquier tipo de actividad en las instalaciones deportivas hasta que la alcaldía regularice su situación, informaron voceros de la Procuraduría.

La medida se extiende a las siete instalaciones agrupadas en el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, que incluye el Velódromo, el Parque Acuático, la Arena Olímpica de Río y el Centro Olímpico de Tenis, y a las nueve del Parque Olímpico de Deodoro, en donde se disputaron, entre otras, las competiciones de piragüismo slalom, hípica, tiro y BMX.

La sentencia determinó un plazo de 48 horas para que la alcaldía de Río de Janeiro adopte las medidas necesarias para garantizar el cierre de todas las instalaciones.

El Ministerio Público demostró en el proceso que ninguna de las instalaciones cuenta con licencia de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro ni con la propia licencia de la alcaldía que garantiza que una construcción puede ser usada por el público.

La Procuraduría agregó en su denuncia que la llamada Autoridad de Gestión del Legado Olímpico (AGLO), un organismo federal responsable por la administración de las instalaciones, fue extinto en junio del año pasado y que desde entonces nadie se responsabiliza por las mismas.

El juez alegó en su decisión que, pese a tales condiciones, algunas de las instalaciones son usadas para competiciones deportivas y otras para eventos musicales y culturales que reciben a miles de personas, como el multitudinario festival Rock in Río.

"Ese escenario, compuesto por locales castigados por la falta de cuidado y por la presencia de miles de personas, puede resultar en tragedias", afirmó el magistrado en su decisión.

Según la sentencia, las instalaciones tendrán que permanecer cerradas al público hasta que la alcaldía obtenga todas las licencias necesarias para que puedan funcionar, principalmente las necesarias para prevención de emergencias e incendios.

Las instalaciones olímpicas de Río de Janeiro han sido blanco de críticas y de investigaciones desde su construcción debido a que varias se convirtieron en "elefantes blancos" que nunca volvieron a ser usadas y a los millonarios desvíos de recursos públicos descubiertos durante las obras.

Ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, una de las principales implicadas en la Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, confesaron haber pagado sobornos para que la empresa fuera favorecida en los contratos para las obras de los Juegos de 2016.

Según cifras de la alcaldía, las olimpiadas tuvieron un costo total -incluyendo su organización, las instalaciones olímpicas y las obras de infraestructura de legado para la ciudad- de 39.000 millones de reales (unos 9.512,2 millones de dólares), de los que un 43 % fue financiado por el sector privado.