La salida de Uber de Colombia aumenta polémica sobre vacíos en regulación

La inédita salida de Uber de Colombia comienza este miércoles a la medianoche en medio de una creciente polémica ante la falta de una regulación para este tipo de plataformas, varias de las cuales siguen operando en el país pese al vacío normativo.

Uber cesará sus operaciones a raíz de una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por "competencia desleal" interpuesta por la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis.

Tras asegurar que Colombia es el "primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología", Uber confirmó este miércoles a Efe por correo electrónico que el primer paso de su salida será en Barranquilla (norte), una ciudad que considera estratégica para "entender y dimensionar internamente el cierre de la "app" ya que está por acoger el Carnaval y la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo.

La plataforma, que prevé dejar de funcionar por completo en el país el próximo 31 de enero, opera en 12 ciudades de Colombia, con 88.000 socios conductores (5.000 de ellos en Barranquilla) registrados en la aplicación.

CONTRADICCIONES SOBRE LOS MOTIVOS

Los taxistas han realizado numerosas protestas en los últimos años en varios países de Latinoamérica para exigir la flexibilización de los requisitos que deben cumplir para operar o que se bloqueen las aplicaciones como Uber, pues consideran que se trata de una competencia desleal que afecta seriamente al gremio.

De ese inconformismo surgió la demanda en la SIC, organismo que, según el abogado de los taxistas de Cotech S.A, Nicolás Alviar, determinó que Uber sí es una empresa de transporte.

Uber insiste, sin embargo, en que "no es una empresa de transporte, sino una empresa de tecnología que intermedia entre un socio conductor registrado en la 'app' que está dispuesto a prestar un servicio de movilidad y un usuario que requiere llegar de un punto A a un punto B".

REGLAMENTACIÓN EN CAMINO

El Gobierno defiende que si la multinacional se acogiera al modelo de empresa de transporte, podría operar en el país.

"La ley colombiana es clara: los vehículos particulares no pueden prestar un servicio público. Actualmente hay 24 aplicaciones registradas en el Ministerio de Transporte para prestar ese servicio", argumenta la Presidencia.

Pero, tras la polémica generada, el Ministerio de Transporte anunció que tramitará en el Legislativo una reglamentación "con el fin de que estas plataformas puedan prestar su servicio legalmente en el país", una propuesta rechazada por Uber.

"La opción planteada por el Gobierno si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una solución viable en el corto plazo, pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses y sobrepasaría por mucho el plazo anunciado por la 'app' Uber para dejar de funcionar en Colombia", indicó la empresa.

"No es algo por decisión propia, sino el acatamiento al fallo del juez de la SIC que, pese a haber sido apelado, obliga a la compañía a cesar, exigencia que solo se hace a Uber y no a las demás 'apps' de movilidad colaborativa, creándose así distorsiones en el mercado", añadió la multinacional al pedir medidas alternativas, como un decreto presidencial.

Otras plataformas similares, como Didi, ya expresaron su apoyo a la propuesta del Ejecutivo, mientras crece el atractivo del negocio.

"En todo caso la ley tiene que actualizarse ya que Uber creó un mercado que esas otras plataformas terminarán colonizando", advirtió a Efe José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional de Colombia.

DEMANDAS QUE VAN Y VIENEN

Uber, que cumple seis años de operaciones en Colombia, anunció la semana pasada su intención de demandar al Estado colombiano alegando que incumplió el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos al ordenar su suspensión.

En una carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque, indicó que es una empresa amparada por las leyes del estado de Delaware (Estados Unidos) y que en consecuencia "es un inversor protegido" de ese país.

A la polémica se suma ahora una nueva denuncia penal contra Uber por no cumplir inmediatamente la orden de detener sus operaciones en el país.

"La discusión es por qué no se cumple la orden inmediatamente. Luego de tres años de proceso, el mensaje es que si una multinacional en Colombia quiere hacerle el 'quite' a la Justicia, no pasa nada", indicó el abogado Nicolás Alviar, al confirmar la apertura de procesos contra plataformas similares como Didi, Cabify y Beat.