CUBA

El caso de un activista nos da una idea de qué ha cambiado y qué sigue igual en Cuba

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba. / TNYT

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba. / TNYT

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The New York Times | Frances RoblesMiami, Estados Unidos

El activista José Daniel Ferrer García escribió a mano un llamado desesperado.

“En huelga de hambre y sed”, garabateó Ferrer, uno de los disidentes más conocidos de Cuba, en un pedazo de papel que logró enviar clandestinamente fuera de la cárcel. “Me han hecho de todo”.

Ferrer, de 49 años, ha estado en prisión desde el 1.° de octubre. En opinión de algunos activistas defensores de los derechos humanos, el cargo de agresión física con lesiones del que se le acusa es fabricado. En su nota, el prisionero describió cómo, después de arrastrarlo y esposarlo de pies y manos, lo dejaron en ropa interior durante dos semanas, a merced de los mosquitos y el frío matutino.

“Mi vida corre un enorme peligro”, advirtió.

El encarcelamiento de Ferrer ha reavivado las críticas contra Cuba y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel con tal de controlar a los disidentes. Diecinueve meses después de haber asumido la presidencia y alimentar las esperanzas del pueblo de que aplicaría reformas, no solo en Cuba sino en el exterior, el gobierno que encabeza Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía Castro que lo precedió, en opinión de sus críticos.

“No hay que pensar que el poder cambió de manos”, explicó Javier Larrondo, de la institución española de acción jurídica y defensa Prisoners Defenders, que ha seguido de cerca el caso de Ferrer. “El poder sigue en las mismas manos”.

En señal de la seriedad con que el gobierno cubano ha reaccionado a las expresiones internacionales de condena, en particular tras la caída de la presidencia de Evo Morales en Bolivia, el gobierno cubano publicó durante el fin de semana un video de diez minutos de duración en el que se ve a Ferrer golpearse la cabeza contra una mesa mientras estaba en custodia, como muestra de que él mismo se provocó las lesiones. El gobierno afirma que las autoridades estadounidenses han orquestado una “campaña de mentiras” en torno al caso.

Incluso la conocida bloguera Yoani Sánchez opinó al respecto: comentó que el video era dañino para Ferrer y su movimiento. La reacción de su familia y seguidores fue resaltar varios indicios de que el video presentado por el gobierno como denuncia parece haber sido manipulado, además de argumentar que el hombre sin camisa que se ve golpearse en el rostro no es Ferrer.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que su diplomático de mayor rango se reunió con Ferrer y otros disidentes como parte de su estrategia en defensa de los derechos humanos.

“El primer recurso del régimen de Castro es desempolvar puntos de debate obsoletos de una era que debería haber quedado en el pasado y calificar de mercenaria, subversiva y espía a cualquier voz independiente”, dijo un vocero del Departamento de Estado en una declaración.

Desde que asumió la presidencia, Díaz-Canel ha intentado (sin éxito) mejorar las condiciones de vida de la población a pesar de una extendida escasez de gasolina y de las devastadoras sanciones estadounidenses. Si bien Cuba ha ampliado el acceso a internet y ofrece a los cubanos un nuevo servicio 3G de telefonía celular que les permite publicar desafiantes quejas en las redes sociales, el caso de Ferrer se ha convertido en un claro ejemplo de lo que puede pasar si alguien se excede en sus críticas, en particular porque el acceso a internet favorece el surgimiento de una nueva clase de medios independientes.

Ferrer llevaba en custodia casi dos meses cuando se informó a su familia el cargo formal en su contra. El anuncio se presentó después de que varias voces estadounidenses de todo el espectro político, incluidos el exvicepresidente Joe Biden y el secretario de Estado Mike Pompeo, criticaron la decisión de encarcelar al activista.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta la semana pasada en la que exige su “liberación inmediata”.

En una declaración muy inusual contenida en el periódico oficial del Partido Comunista, Granma, el gobierno cubano describió a Ferrer como un “agente asalariado al servicio de Estados Unidos. Sus antiguos colegas publicaron videos en los que niegan esta última acusación.

Como parte de sus actividades de organización de la comunidad, Ferrer, originario de Santiago de Cuba, en la región este del país, ayudó a recopilar miles de firmas de apoyo para el Proyecto Varela, un referendo que exigía mayores libertades políticas presentado ante la Asamblea Nacional de Cuba en 2002. El líder de ese movimiento, Oswaldo Payá, murió en un accidente automovilístico diez años después. Muchos están convencidos de que fue asesinado.

Ferrer fue uno de los detenidos durante la enérgica campaña de 2003 contra la disidencia conocida como Primavera Negra y estuvo encarcelado ocho años. Fue uno de los pocos miembros de un grupo de 75 prisioneros políticos que se negaron a aceptar una oferta de liberación a condición de ir al exilio en España.

“José Daniel Ferrer tenía la capacidad de observar y comprender lo que ocurría en las calles de Cuba”, comentó José Miguel Vivanco, director de la división de Human Rights Watch para el continente americano. “Me parece que por eso les inspira más temor que cualquier otro”.

Al salir de la cárcel, Ferrer fundó la Unión Patriótica de Cuba, conocida como Unpacu. Esta organización se distinguió por aprovechar el descontento social derivado de la continua escasez de alimentos en Cuba, entre otras dificultades.

“Estableció un centro que ofrece comidas para los ancianos y los discapacitados”, explicó Martha Beatriz Roque, una disidente muy conocida que tiene una relación estrecha con Ferrer. “La dictadura no está de acuerdo con esas acciones, porque involucran liderazgo”.

Desde hace dos años, decenas de disidentes han optado por el exilio, incluso varios que se reunieron con el presidente Barack Obama en La Habana en 2016 y los trece miembros del grupo de abogados Cubalex. Este éxodo dejó sin asesoría legal a los activistas opositores del gobierno.

“Creo que todos nosotros, los opositores, vivimos un periodo que no es nada alentador”, se lamentó Roque.

Algunos defensores de los derechos humanos afirman que en Cuba hay alrededor de cien prisioneros políticos y que el número de capturas arbitrarias al mes bajó casi a la mitad desde la toma de posesión de Díaz-Canel en abril de 2018. Por desgracia, esa disminución se debe, en general, a que quedan menos disidentes en Cuba a quienes detener, según subrayó Vivanco.

Ferrer fue arrestado junto con tres colegas el 1.° de octubre, acusados de patear a un hombre en la cabeza hasta que perdió la conciencia. Los amigos y familiares de Ferrer dicen que tienen pruebas de que las lesiones del hombre se produjeron debido a un accidente con su motocicleta y sostienen que las supuestas declaraciones de testigos que afirman lo contrario son meras invenciones.

Nelva Ortega aseveró que Ferrer, su esposo, fue víctima de una golpiza y ha bajado muchísimo de peso durante la huelga de hambre de veinticinco días, que inició después de convencerse de que le daban alimentos y agua contaminados, pero que ya concluyó.

En una carta dirigida a las Naciones Unidas, el gobierno cubano sostuvo que las acusaciones de tortura eran mentira.

Carlos Alzugaray, antiguo diplomático cubano y académico de La Habana, señaló que Díaz-Canel ha tardado demasiado en aplicar medidas para impulsar la economía, pero desmintió que la represión contra los críticos del gobierno fuera un problema.

“Nadie en Cuba termina en la cárcel debido a sus opiniones, no importa lo que piense la gente”, dijo Alzugaray. “Ser el sucesor de Fidel y Raúl no es nada fácil. Cuando te corresponde ser el guardián de un legado, tienes un problema doble: todos esperan que hagas cambios, pero también que mantengas cierta continuidad”.