Gobierno de Bahamas insiste en demoler barriadas irregulares pobladas en su mayoría por haitianos

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, urgió el levantamiento de una orden judicial de 2018 que prohíbe al Gobierno demoler las barriadas de viviendas construidas sin permiso, ante el aumento de riesgos por el paso del huracán Dorián en septiembre pasado.

Minnis dio a conocer este miércoles ante el Parlamento que solicitó a la Fiscalía General tramitar el levantamiento de esa orden, al señalar que las construcciones en esas áreas, habitadas principalmente por haitianos, deben ser eliminadas al representar riesgos.

Tras el paso del huracán Dorian, la Administración de Minnis emitió una prohibición inmediata de levantamiento de nuevas edificaciones irregulares.

Esta es la segunda vez en este mes que el primer ministro se dirige al Legislativo para tratar el asunto de los barrios marginales en Bahamas.

El 2 de octubre, Minnis anunció que el fiscal general, Carl Bethel, había recibido instrucciones para adquirir los terrenos donde se edificaron viviendas sin permiso oficial.

"Es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad de su gente y por lo tanto obligatorio que se eliminen todos los barrios marginales dentro de nuestro territorio. Rompen nuestras leyes, no son seguros ni saludables", subrayó Minnis.

El último anuncio de Minnis provocó el rechazo de activistas de derechos humanos, que calificaron la medida de xenófoba y mezquina, por afectar a personas mayoritariamente provenientes de Haití.

Activistas de los derechos humanos de Bahamas denuncian que el Gobierno no puede usar el huracán Dorian como una excusa para quitar los derechos de las personas que alguna vez llamaron hogar a esas construcciones no reguladas.

Previamente, el Gobierno había dado a los residentes en los barrios de chabolas en la isla de Nueva Providencia hasta el 10 de agosto de 2018 para que las abandonaran antes de su demolición, mientras que los residentes de los barrios marginales de isla Ábaco tenían como límite finales de julio pasado.

Sin embargo, en agosto de 2018, la jueza de la Corte Suprema Cheryl Grant-Thompson estableció una orden que bloquea la demolición de las estructuras de los barrios marginales.

La Corte Suprema de Bahamas ha aplazado la resolución del caso en varias ocasiones.