La condena de la violencia divide a Gobierno español y autoridades catalanas

Tras los peores disturbios de esta semana en Cataluña, la condena de la violencia radical independentista mostró este sábado la profunda división política entre el Gobierno español y las autoridades regionales catalanas.

El presidente del Ejecutivo regional catalán, Quim Torra, intentó hablar por teléfono con el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, pero fuentes del Ejecutivo central condicionaron cualquier diálogo a una condena explícita de la violencia.

La noche del viernes fue escenario de los peores episodios de disturbios violentos en Barcelona en varias décadas, con 152 heridos y serios episodios de guerrilla urbana. En toda la región de Cataluña, nordeste de España, hubo 182 heridos, 18 de ellos policías, y 54 detenidos.

Hoy, sin embargo, los grupos violentos que las últimas noches han provocado el caos en la capital catalana han dado una tregua en una jornada reivindicativa y con momentos de tensión pero sin disturbios relevantes, en la que han irrumpido grupos pacifistas que han montado cordones para separar a policía y manifestantes.

El Gobierno español denunció hoy la violencia "extrema" de las protestas de estas independentistas radicales que han tenido lugar los últimos cinco días en Cataluña con cientos de heridos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó en una rueda de prensa celebrada en Barcelona la "virulencia extrema" y el "vandalismo indiscriminado" y "coordinado" de los radicales violentos, especialmente en la última noche, cuando un agente de policía resultó herido de gravedad.

El ministro viajó hoy a Barcelona para tratar la situación con el responsable de Interior en el Gobierno autónomo regional catalán, Miquel Buch, y visitar en hospitales a algunos de los 207 policías de distintos cuerpos heridos durante los cinco días de disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo contra nueve líderes catalanes por el intento independentista ilegal de 2017.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo un llamamiento a la calma, porque "esto no puede seguir así. Barcelona no merece esto".

El centro de la capital catalana ha sufrido cuantiosos daños en cinco días de algaradas y protestas, que han incluido el bloqueo del aeropuerto el lunes y una huelga y manifestación masiva este viernes.

A los daños económicos se suma el perjuicio que las escenas de incendios y enfrentamientos causa a la imagen de la ciudad, que recibió el año pasado 14,8 millones de turistas y es un importante centro de congresos internacionales y de cruceros turísticos.

El presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, pidió hoy al jefe del Ejecutivo central en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que fije ya la fecha para una reunión en la que buscar "una solución política", en referencia a la tradicional demanda del lado independentista de un referéndum de autodeterminación.

Torra, en una declaración institucional, también hizo un llamamiento a la "calma" y a que las protestas sean pacíficas. "La violencia nunca será nuestra bandera", aseguró, aunque una vez más eludió condenar de forma expresa los altercados y disturbios ocurridos desde el lunes.

El presidente regional catalán intentó hablar por teléfono con Sánchez, pero este no atendió la llamada, según fuentes gubernamentales porque antes quiere que condene "rotundamente la violencia", algo "que no ha hecho hasta el momento", a fin de ayudar a restaurar la convivencia lo antes posible.

Además, el Gobierno central considera que "para que el diálogo sea efectivo" Torra "debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas".

Los altercados violentos de los últimos días están protagonizados por un núcleo duro de unos 500 radicales, apoyados por extremistas antisistema llegados de otros países, que utilizan tácticas de guerrilla urbana y que usan la sentencia del Tribunal Supremo como excusa, según explican expertos y fuentes policiales consultados por Efe.

Los nueve políticos independentistas encarcelados, condenados el lunes a penas de entre 9 y 13 años de prisión, apoyaron a través de Twitter la declaración de Torra en la que se pide diálogo al Gobierno central y se rechaza la violencia.

El ministro Marlaska criticó a Torra y a otros miembros del gobierno catalán por su tibieza ante la violencia: "Nadie entiende que hagan declaraciones pero no condenen la violencia y no se solidaricen con los agentes" atacados, entre los que hay miembros de la propia policía regional catalana, recordó.

Once de los detenidos en las protestas desde el lunes se encuentran en prisión provisional decretada por un juez.

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado otra manifestación de protesta para la tarde de este sábado en Barcelona, un llamamiento que ha sido respaldado por otra organización independentista, ANC.