Chile
Condenan en Chile a 24 agentes de Pinochet por desaparición de universitario
Augusto Pinochet
La Corte Suprema de Chile condenó a penas de prisión a 24 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) en 1974 de un estudiante universitario de 19 años, informaron este sábado fuentes judiciales.
El secuestrado Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de 119 desaparecidos en el marco de la llamada "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos, con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.
En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), versión que fue recogida por la prensa chilena de la época.
En el caso de Acuña Castillo, la II Sala del máximo tribunal condenó a 13 años de presidio al general Raúl Iturriaga Neumann y César Manríquez Bravo, y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.
Otros 20 antiguos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores, mientras 46 más que estaban procesados fueron absueltos al no acreditarse su participación, indicaron las fuentes.
En la investigación del caso, realizada por el juez especial Hernán Crisosto, se logró establecer que el 8 de julio de 1974, Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del MIR, fue detenido en las cercanías de su domicilio por agentes de la DINA y llevado a un centro de torturas de la calle Londres, en el centro de Santiago, donde ese mismo mes se perdió su rastro.
El año siguiente, el 25 de junio de 1975, el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo apareció en la lista de los 119.
En la parte civil, la Corte Suprema confirmó una condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de 90 millones de pesos (unos 132.000 dólares) a la familia de la víctima.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.