Cámara Baja de Puerto Rico cierra proceso de juicio político contra Rosselló

La Cámara de Representantes de Puerto Rico cerró este jueves el proceso para iniciar formalmente el "residenciamiento" (juicio político) contra el gobernador Ricardo Rosselló, quien hoy entregó formalmente su carta de renuncia, en medio de una crisis política por un polémico chat privado.

En una reunión extraordinaria del órgano legislativo, que llega un día después de la dimisión de Rosselló, se leyó la carta de renuncia del mandatario y el presidente de la Cámara Baja, Carlos Méndez, indicó al finalizar la lectura que se reservaba el derecho de volver a convocar para el proceso, lo que generó críticas de la oposición. "Hemos recibido la carta de renuncia según ha sido leída por el Oficial de Actas en la Secretaría de la Cámara, así que siendo este asunto debidamente recibido en nuestra Secretaría, esta Cámara de Representantes, atendiendo esta situación, cierra los trabajos luego de atendido el asunto correspondiente para el cual fuimos citados", expresó Méndez. La oposición calificó la decisión de "burla". El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición, Rafael Hernández, dijo que con la decisión la Asamblea Legislativa es "cómplice de la corrupción y el desasosiego". Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Marques, dijo que hubiera preferido seguir con el inicio formal del proceso contra Rosselló, "aunque luego no hiciera falta". La "capacidad mental y emocional del gobernador causa suficiente preocupación como para justificar que el proceso se inicie. El temor es que el gobernador no cumpla con su promesa de abandonar el cargo para el 2 de agosto", agregó, al destacar que la carta de renuncia de Rosselló no especifica que su dimisión es irrevocable. En el chat, base inicial para el juicio político, sus integrantes se burlan e insultan a artistas, políticos, periodistas y miembros de la comunidad LGTB, así como a víctimas del huracán María y personas con problemas de peso. El pasado viernes el presidente de la Cámara de Representantes encargó a tres juristas un informe para conocer si había bases jurídicas para llevar a cabo el juicio político por la participación de Rosselló en el chat. En este se dictaminó que si las había y que Rosselló pudo haber cometido delitos graves de aprovechamiento ilícito de trabajos y malversación de fondos públicos.