Un juez local emitió el martes órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat que desencadenó una crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador de Puerto Rico.

Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación a las leyes éticas.

El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kelvin Carrasco, dijo el martes que las órdenes fueron aprobadas durante la noche y que eran válidas para los que aún no han entregado sus teléfonos. No identificó a los funcionarios y se negó a dar más detalles.