Illinois va contra las políticas migratorias de Trump

Lejos de la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México, el gobierno del estado de Illinois emprendió un esfuerzo innovador para socavar las prácticas del gobierno de Donald Trump en materia de detención de migrantes. Los políticos y activistas están tomando nota, pues podría ser una buena oportunidad para traer cambios a nivel nacional.

Illinois promulgó recientemente una prohibición única en su tipo, contra la detención de inmigrantes en cárceles privadas, mientras se avecina la amenaza de Trump de deportaciones masivas y su gobierno se apresura para conseguir más espacio de retención en un sistema ya de por sí superpoblado.

Los demócratas, con la vista puesta en la campaña para las elecciones generales de 2020, han promedito repetidamente prohibir la detención privada de inmigrantes y los defensores de esta postura esperan que la ley de Illinois motive a otros en la misma dirección.

“A nadie beneficia mantener a la gente encerrada innecesariamente. Las únicas personas que se benefician son los accionistas”, afirmó Fred Tsao, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, que ha luchado contra la detención en empresas privadas.

Illinois es el primer estado que prohíbe a empresas privadas firmar contratos con comunidades locales para detener migrantes. El gobernador demócrata J.B. Pritzker, quien firmó la ley el mes pasado, dijo que con esa ley, el estado se convierte en “un cortafuegos contra los ataques de Donald Trump” hacia los inmigrantes.

Su objetivo fue evitar la construcción de un inmueble de 1.300 camas a unos 130 kilómetros de Chicago. Algunos calculan que el centro habría casi duplicado la capacidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para albergar inmigrantes en la zona.

Algunos de los precandidatos demócratas para los comicios de 2020 presentaron a Illinois como modelo a seguir.

“Los centros privados de detención de inmigrantes son una explotación con fines de lucro y me alegra ver que Illinois los prohíba”, tuiteó la senadora demócrata Elizabeth Warren antes de visitar Chicago el mes pasado. “Mi plan para acabar con las prisiones privadas requeriría que el resto del país haga lo mismo”, agregó.

Los centros privados de detención han sido utilizados por las autoridades de inmigración desde la década de 1980, pero no despegaron hasta la década del 2000, cuando su administración se subcontrató cada vez más, según Lauren Brooke Eisen, una becaria del Centro Brennan para la Justicia y quien escribió un libro sobre estos centros privados.

Ahora, al menos el 60% de los inmigrantes detenidos por el ICE están en instalaciones privadas, según el National Immigrant Justice Center (Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes). La población de adultos detenidos era de más de 53.000 hasta el mes pasado y el organismo sólo tiene un presupuesto para 45.000, según el ICE.

Los activistas argumentan que las instalaciones privadas con fines de lucro no están sujetas a los mismos estándares que las públicas y citan una falta de supervisión por parte del ICE, como concluyó a principios de este año un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

Los defensores de los migrantes esperan que la ley de Illinois conduzca a la evaluación de otras opciones, como el aumento en el uso de rastreadores electrónicos de tobillo o la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades de inmigración, programas que ya se han utilizado anteriormente.