DECISIÓN
Perú destituye a máximas autoridades penitenciarias por liberación de sicario
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballlos
El Gobierno de Perú destituyó este miércoles a todos los miembros del Consejo Nacional Penitenciario, tras conocerse la liberación de un peligroso sicario que cumplía una condena a 25 años de cárcel.
La decisión fue anunciada, en un comunicado, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), que informó del "cese inmediato" del presidente, vicepresidente y tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario, así como de "los funcionarios involucrados en este hecho".
"El Ministerio de Justicia ha ordenado que se formalice la inmediata denuncia penal y los procedimientos administrativos y disciplinarios que correspondan a los funcionarios involucrados", agregó el comunicado tras indicar que la medida fue tomada directamente por el ministro Vicente Zeballos.
El anuncio se hizo luego de que medios locales informaran sobre la liberación de Rubén Moreno Olivo, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por haber atentado contra la vida del fallecido consejero de la región norteña de Áncash Ezequiel Nolasco.
Su hija, Fiorela Nolasco, denunció que las autoridades penitenciarias argumentaron que no tenían el documento de la sentencia a 25 años de cárcel, mientras que el fiscal Álvaro Rodas, de la Primera Fiscalía de Crimen Organizado de Lima, confirmó que se había excarcelado al delincuente.
Moreno, conocido como "Goro", salió del penal de Piedras Gordas, en el distrito limeño de Ancón, con una orden de arresto domiciliario emitida en febrero pasado por el juez Richard Concepción, tras vencerse el plazo de prisión preventiva dictado en otro proceso que se le sigue por asesinato.
Sin embargo, Concepción precisó que su resolución solo debía ejecutarse "siempre y cuando no cuente y/o registre mandato de detención en su contra emanado por la autoridad competente".
El hombre había sido condenado en enero de 2015 a 25 años de cárcel por un tribunal de la Corte Superior de Justicia de la provincia norteña del Santa por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
La justicia peruana lo considera el jefe de una red de sicarios presuntamente liderada por el exgobernador de la región de Áncash César Álvarez (2007-2014), quien el pasado 11 de junio fue sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión por haber recibido 2,6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, en 2011.
Álvarez se convirtió en el primer político peruano en ser condenado por ese gigantesco caso de corrupción internacional, que involucra a expresidentes y altos funcionarios.
Moreno, por su parte, fue acusado de reclutar a delincuentes para que atentaran en 2010 contra Nolasco, en un ataque en el que murió el hijo del consejero regional, que por entonces denunciaba los presuntos actos corruptos de Álvarez.
Además, se le imputa el asesinato, en 2013, de Hilda Saldarriaga, quien era considerada una "testigo clave" en el primer atentado contra Nolasco, y haber ordenado el nuevo ataque que finalmente causó la muerte del consejero, el 14 de marzo de 2014.
En agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia denegó el pedido de nulidad de la condena de 25 años impuesta contra el sicario y dio por consentida la sentencia.