México apuesta a reducir el flujo de migrantes hacia EEUU en 45 días

El canciller Marcelo Ebrard apostó por que el Gobierno mexicano logrará la reducción del flujo migratorio exigida por Estados Unidos en un plazo de 45 días, fijado por el presidente Donald Trump en el acuerdo migratorio que se concretó el pasado viernes en Washington.

"El acuerdo es importante para México porque tenemos posibilidades de demostrar que tenemos razón. Antes del viernes era posible porque el acuerdo era ser tercer país seguro o los aranceles", dijo Ebrard en conferencia de prensa en Ciudad de México.

El canciller estimó que el saldo de la reunión en Washington fue positivo y lo principal fue que "no se impusieron aranceles".

Dijo que en lugar de aceptar la posición de ser un tercer país seguro se logró un acuerdo de 45 días para que México refleje los resultados de las acciones en materia migratoria.

Ebrard explicó que por ahora el Gobierno mexicano está concentrado en las acciones y lograr resultados, "y si después de los 45 días debemos ir a negociar, lo haremos sobre temas migratorios, pero no sobre aranceles".

Señaló que si las medidas mexicanas no funcionan, ambos Gobiernos se sentarán a negociar y que la opción del tercer país seguro estaría en la mesa.

El funcionario se declaró confiado en que México va tener éxito en la tarea acordada con Estados Unidos y que no piensa en fracasar.

Dijo que no acordaron con el Gobierno de Estados Unidos una cifra precisa en la disminución del flujo migratorio porque "el asunto es que haya una reducción cada mes; no se quiso fijar una cifra porque seria contraproducente".

Dijo que esa regulación se dará porque se incrementará la seguridad en la frontera sur donde a partir de mañana se desplegarán cerca de 6.000 agentes de la recién creada Guardia Nacional, y se aplicarán otros programas.

Pidió no adelantarse a los hechos y no entrar al terreno del día 46. "No queremos llegar a ese día, pero si hay reducción tendremos razón y si no, nuestro argumento se debilitará", abundó.

Ebrard ofreció un resumen pormenorizado, día con día y prácticamente hora con hora, de todas las actividades que él y otros funcionarios del Gobierno mexicano cumplieron durante toda la semana que estuvieron en Washington

Recordó que en esa semana se revisaron las posibles afectaciones en caso de que entraran en vigor las tarifas arancelarias planteadas por Trump.

El secretario de Relaciones Exteriores consideró "bastante inusual" que se dé a conocer a medios un informe pormenorizado y más sobre una negociación que está en curso, pero lo hizo para demostrar que no hay nada oculto "y por la razón de que haya absoluta transparencia".

Horas antes, Ebrard, admitió que "cualquier día" puede alterarse la relación con Estados Unidos pese al acuerdo alcanzado en Washington, que suspendió la aplicación de aranceles.

"Cualquier día pueden cambiar las cosas, pero mejor un acuerdo de esta naturaleza a no tener nada", defendió el canciller durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales del BBVA en Ciudad de México.

Según el acuerdo alcanzado el viernes, México tiene 45 días para reducir el flujo migratorio que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos o, de lo contrario, se deberán considerar otras medidas.

El presidente de EE.UU. dijo este día que si él quiere puede hacer que entre en vigor un supuesto acuerdo secreto con México, y contradijo así la versión del Gobierno mexicano y su propia afirmación de que para implementar el pacto hace falta que antes lo ratifique el Congreso mexicano.

Antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Iowa, Trump se acercó a la prensa y sacó de su chaqueta una hoja de papel doblada, que agitó ante los periodistas sin mostrar su contenido.

"Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio (sobre su contenido) en el momento adecuado", aseguró el mandatario.

Un fotógrafo del diario The Washington Post tuiteó después una foto ampliada del papel que Trump mostró a la prensa, y en ella podía leerse la parte final del documento, que parecía firmado por un funcionario estadounidense y uno mexicano y que no contiene grandes revelaciones.

Esos párrafos indican que EE.UU. y México pretenden "compartir la carga en relación con el procesamiento de los refugiados" y mencionan una posible acción del Gobierno mexicano para identificar "cambios" en sus "leyes y regulaciones nacionales".