¿Es la inculpación de Assange un peligroso precedente para los periodistas?

¿Está en peligro la protección de los periodistas estadounidenses a raíz de la inculpación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por haber obtenido y publicado informaciones confidenciales? Muchos juristas temen que sí y consideran que los reporteros podrían ser objeto de acciones penales por su búsqueda de fuentes.

Dieciséis de los 17 cargos presentados el jueves por el Departamento de Justicia estadounidense contra el australiano, detenido en Reino Unido, tienen que ver con la obtención y la difusión de información clasificada.

Assange publicó documentos militares y diplomáticos que le había entregado Chelsea Manning, una exanalista estadounidense de inteligencia condenada en 2013 por esa filtración.

Para evitar críticas de los defensores de los derechos de la prensa, el secretario adjunto de Justicia estadounidense, John Demers, alegó que Assange no es "un periodista".

"No es periodismo", abundó Ben Rhodes, exasesor del presidente demócrata Barack Obama, en el podcast "Pod Save the World". Según él, Assange "no está motivado por la transparencia (...) sino por objetivos muy precisos" y "actúa, al menos en los últimos años, como una extensión de la inteligencia rusa".

Los hechos que se le reprochan a Assange se remontan, sin embargo, a 2010, mucho antes de la campaña presidencial de 2016, en la que WikiLeaks publicó documentos internos del Partido Demócrata estadounidense obtenidos por los servicios de inteligencia rusos.

La inculpación del fundador de WikiLeaks es "problemática, no porque corresponda o no a la definición de un 'periodista', sino porque se le acusa de hacer exactamente lo que hacen los periodistas profesionales cada día: buscar, obtener y publicar informaciones importantes sobre nuestra administración", afirma Sonja West, profesora de derecho en la Universidad de Georgia.

- Dirección de la Corte Suprema -

"El problema no consiste en saber si Assange es un periodista, sino más bien en saber si está amparado por la primera enmienda" de la Constitución estadounidense, considera Floyd Abrams, abogado del bufete Cahill, Gordon & Reindell y experto en ese pasaje de la Carta Magna que protege la libertad de expresión.

La primera enmienda se cita en el mundo entero como la mejor protección de la libertad de prensa.

"Si Julian Assange es condenado (...), el problema es que no habrá ningún principio claro para distinguirlo de los medios generalistas respecto a la primera enmienda", explica Mary-Rose Papandrea, profesora de derecho en la Universidad de Carolina de Norte (UNC).

"No hay una buena definición de lo que es un periodista hoy en día", asegura. "Nunca hubo ninguna, pero con internet, todo el mundo puede ser periodista o una persona que recibe información de una fuente".

La inculpación plantea también la cuestión de los delitos castigados por la Ley de Espionaje, una ley votada en 1917 para impedir la filtración de informaciones confidenciales en tiempos de guerra. Ese texto ha sido la base de las acciones judiciales emprendidas contra Assange.

"Esto muestra hasta qué punto los periodistas son vulnerables ante esa ley", dice Sonja West. La admnistración Obama (2009-2017) persiguió más que cualquiera de sus predecesoras las filtraciones y quienes las originaron en su seno, pero no inculpó a ningún periodista y decidió no denunciar a Assange.

Antes, un puñado de personas, entre ellas al menos un periodista, había sido inculpado en virtud de la Ley de Espionaje por haber obtenido y difundido información clasificada, aunque las acciones judiciales nunca habían dado lugar a una condena.

Pero nunca se había imputado a un editor -si uno considera que Assange era el editor de WikiLeaks-, estuviera o no al frente de un órgano de prensa.

Papandrea cree que el caso Assange llegará a la Corte Suprema, que nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión.

"Si Estados Unidos puede juzgar un sitio web extranjero (WikiLeaks tiene su sede en Islandia) por haber violado nuestras leyes sobre información clasificada, nada impedirá que China o Rusia hagan lo mismo", avisó Ben Wizner, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una importante oenegé estadounidense pro derechos humanos.