La persistente violencia o Maduro, obstáculos para acuerdo de paz en Colombia

El Gobierno y las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz aplaudido al unísono por la comunidad internacional. Desde entonces, autoridades y ex guerrilleros están inmersos en hacer realidad su contenido, con la persistente violencia y el impacto de la crisis venezolana en Colombia como piedras de un largo camino que ocupará al menos la próxima década.

"Este es un gran reto para la Administración del presidente (Iván) Duque" porque "en los acuerdos están planteados un número muy importante de las transformaciones que el país debería hacer con o sin acuerdos", ha dicho el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en una entrevista concedida a Europa Press.

Una de las tareas más urgentes es reincorporar a los cerca de 12.000 guerrilleros de las FARC que en 2016 dieron el paso de entregar las armas y abandonar sus campamentos para volver a la vida civil. "Vamos a apoyar a los ex combatientes que se mantienen (...) dentro de la legalidad. Vamos a darles ese apoyo durante el tiempo que sea necesario", ha prometido.

Unos 3.500 han vivido estos años en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a los que a partir de agosto hay que buscar una alternativa porque en los textos de La Habana solo estaban previstos como una solución temporal para los primeros dos años y medio.

El Gobierno ha hecho "un análisis muy detallado" de las actuales condiciones de los ETCR para determinar si se pueden convertir en "soluciones definitivas". "Llegamos a la conclusión de que trece son viables y en once estamos recomendando a los ex combatientes que no se queden ahí", ha contado Archila. Para reubicar a los que viven en estos últimos, el Gobierno tiene "lotes de tierra" en las mismas zonas, de modo "que no tengan que moverse lejos".

"Ya para los 24 espacios, en los que se moverían y en los que no", el Ejecutivo está trabajando a través de los ministerios competentes para dotarlos de los mismos servicios públicos que hay en el resto del territorio colombiano, es decir, salud, educación, agua potable, red de alcantarillado, electricidad y carreteras, entre otros equipamientos urbanos.

Interrogado sobre la actitud de los antiguos combatientes de las FARC, Archila ha afirmado que la mayoría están "profundamente comprometidos" con el proceso de paz y, conforme al "robusto" censo realizado por el Ejecutivo entre octubre y marzo, "el 78 por ciento ve su futuro con optimismo". El Gobierno está trabajando con ellos "para que tengan las capacitaciones que necesitan para ser empleados y empresarios", ha comentado.

"Hay un proyecto que a mí me gusta mucho", ha indicado. Se trata de un grupo de ex guerrilleros que "en las mismas zonas donde antes combatían" han puesto en marcha un proyecto turístico en el que, entre otras cosas, ofrecen hacer rafting. Les ha ido tan bien que algunos se han incorporado al equipo colombiano de rafting, integrado también por no combatientes. "Han encontrado una alternativa para vivir de algo que les entusiasma", ha valorado Archila.

El consejero presidencial ha llamado la atención sobre otro proyecto en el que el Gobierno ha establecido las prioridades y que el Fondo para la Construcción de la Paz de Naciones Unidas se encarga de materializar. "Hay un énfasis en las mujeres", ha explicado. Se hace hincapié en el cuidado de los niños para que las madres "tengan el tiempo suficiente para poder capacitarse".

CONFLICTO, CRIMINALIDAD Y MADURO

Archila ha reconocido, no obstante, que los ex guerrilleros "tienen alguna expectativa de que anduviéramos más rápido". "Yo también tengo la misma expectativa", ha apostillado.

El partido político surgido de las FARC --con las mismas siglas-- ha denunciado constantes ataques contra sus antiguos miembros tanto por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, como de las propias disidencias de las FARC, paramilitares y otros grupos.

Según datos del propio Gobierno, entre el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz, y el pasado 28 de marzo, se han producido un total de 105 homicidios de ex guerrilleros de las FARC, si bien Archila ha aclarado que solo tres se debieron a "motivos políticos" y sus autores materiales e intelectuales ya están detenidos.

En uno de los hechos más recientes, el pasado 22 de abril el antiguo insurgente Dimar Torres murió por los disparos de un militar en una zona rural de Norte de Santander. Archila ha sostenido que se trata de "un incidente aislado" que "no corresponde ni a la política del Gobierno ni a la dedicación del Ejército". "Vamos a darles protección física durante todo el tiempo que tengan amenazas excepcionales", ha aseverado.

Estos sucesos se enmarcan en un contexto de creciente violencia. El acuerdo de paz finiquitó el conflicto armado más longevo del hemisferio occidental, pero Colombia aún sufre otros cinco conflictos entre los grupos que pugnan por ocupar el vacío dejado por las FARC, incluidas sus propias disidencias. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) dijo en su balance de 2018 que la situación humanitaria en Colombia "es ahora más compleja" que en 2016.

"Es palmario que la existencia de grupos armados y de actividades ilegales hacen difícil la implementación", ha admitido Archila, aunque al mismo tiempo ha defendido que "las cifras de homicidios, de secuestros, de desplazamientos y de victimización a los grupos débiles han mejorado desde que se firmaron los acuerdos de paz".

"Igual que esperamos que cuando finalmente caiga (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, eso nos ayude a no tener una presión adicional", ha mencionado. Archila ha denunciado que "en la medida en que Maduro facilita el narcotráfico, la minería ilegal y esconde a los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN)" la tarea de la implementación "se hace más costosa y más compleja".

AMBICIOSA TAREA

El consejero presidencial ha hecho hincapié en la ambiciosa tarea que este y los sucesivos gobiernos tienen por delante para hacer realidad lo acordado con las FARC. Solo durante los cuatro años de Presidencia de Iván Duque se calcula que requerirá una inversión de 10,3 billones de pesos (unos 280 millones de euros).

"También es importante tener claras las temporalidades", ha apuntado. Así, para la reincorporación de los ex guerrilleros, el actual Gobierno estima que, en lugar de los dos años previstos inicialmente, se necesitarán "siete u ocho"; para recuperar las zonas más afectadas por el conflicto armado, "de diez a quince años"; y los proyectos para sustituir a los cultivos ilegales "no se pueden producir antes de cuatro años".

Parte del objetivo de la gira europea que le ha llevado a Reino Unido, Alemania, Noruega, Suecia y España es obtener de la comunidad internacional "un acompañamiento lo más fuerte posible", también "cuantitativo", para llevar a la práctica todos estos planes.

"Y hacer la reiteración de que el Gobierno Duque va a cumplir los acuerdos", ha subrayado. El presidente colombiano, que llegó a la Casa de Nariño en agosto, pretende enmendar los textos de La Habana en cuestiones fundamentales como la participación política o la justicia transicional. En concreto, ha realizado una serie de objeciones a una ley clave para esta última que han suscitado cierto temor en la comunidad internacional.

"Lo que tiene pensado hacer el Gobierno con los acuerdos es cumplirlos", ha aseverado, defendiendo que "no se ha tomado ninguna acción que implique la modificación ni siquiera de una coma". Según Archila, "lo que ha mostrado este Gobierno es una capacidad de hacer una planeación juiciosa y detallada para tener una ejecución eficiente de esos planes".