Vaticano ordena a religiosos denunciar los abusos sexuales
El papa Francisco aprobó el jueves una ley sin precedentes que ordena a sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo denunciar a las autoridades eclesiásticas todos los abusos sexuales del clero y los intentos de encubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles.
Las víctimas de abuso y sus defensores dijeron que la nueva ley representa un avance, pero no lo suficiente porque no requiere que los delitos sean reportados a la policía y esencialmente asigna a los propios obispos desacreditados por haber manejado mal el abuso durante décadas con el manejo interno de los casos.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que instalen un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.
Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de encubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica y de su propio pontificado. La medida ofrece un nuevo marco legal para los obispos estadounidenses, que se preparan para introducir medidas de control el mes que viene en respuesta al escándalo en su país.
“La gente ha de saber que los obispos están al servicio del pueblo”, dijo el arzobispo Charles Scicluna, veterano fiscal de delitos sexuales en el Vaticano. “No están por encima de la ley, y si hacen el mal, se les debe denunciar”.
La ley convierte a los 415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas del mundo en informantes obligados. Eso significa que se les exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan "motivos bien fundados para creer" que un clérigo o hermana ha cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado cualquiera de esos delitos.
La ley no requiere reportarlos a la policía, como han exigido las víctimas. El Vaticano alega desde hace tiempo que una ley universal de denuncia es imposible dada la diversidad de los sistemas legales, y que ésta pondría en peligro a la Iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida. Sin embargo, sí especifica por primera vez en una norma universal para la institución que se debe cumplir con los requisitos de la ley civil sobre denuncias del lugar donde se reside, y que la obligación de denunciar los hechos a la iglesia no interfiere con eso.
David Clohessy, víctima de abuso, desestimó los nuevos procedimientos, diciendo que siguen siendo secretos e internos para la Iglesia.
"Hasta que rueden las cabezas, hasta que los obispos sean despedidos, simple y llanamente, continuarán ignorando y ocultando los delitos sexuales del clero", enfatizó.
Si la nueva ley se aplica en su totalidad, el Vaticano podría ver un alud de denuncias de abusos y encubrimientos en los próximos años. Como la ley es de naturaleza procesal y no penal, se puede aplicar de forma retroactiva, de modo que sacerdotes y monjas están obligados ahora a reportar incluso casos antiguos de abusos y encubrimiento, con protecciones como informantes por hacerlo.
Hasta ahora, la decisión sobre si denunciar estos casos se dejaba a la conciencia de sacerdotes y monjas. Ahora es una ley de la Iglesia.
Anne Barrett Doyle, de la organización defensora de víctimas de abuso BishopAccountability, elogió algunas de las disposiciones, pero dijo que no eran suficientes principalmente porque no había medidas para sancionar a los infractores y porque mantienen el proceso completamente interno en la iglesia.
"Los obispos que vigilan a obispos es algo que no funciona", afirmó.
No hay medidas punitivas previstas para los que la incumplan, del mismo modo que no hay sanciones contempladas para diócesis que no la acaten, pero obispos y superiores religiosos podrían ser acusados de encubrimiento o negligencia si no aplican las normas o toman represalias contra religiosos que hagan denuncias.