El Gobierno de México da por cerrada la crisis por el robo de combustibles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este martes por cerrada la crisis por el robo de combustibles de los oleoductos de la petrolera estatal Pemex, conocido en el país como "huachicol".

"Era un asunto que parecía muy difícil de resolver pero se pudo enfrentar. Y el que puede lo más, puede lo menos. El que puede con el 'huachicol' va a poder con todo", aseveró el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que la lucha contra el robo de combustible, iniciada en enero pasado, ha permitido al Gobierno ahorrar 12.000 millones de pesos (unos 640 millones de dólares) y agradeció la participación del Ejército y la Policía Federal en la protección de los oleoductos.

El presidente sostuvo que "hay una campaña" de la oposición conservadora para que fracasen las políticas gubernamentales, sin embargo aseguró que no podrán evitar la "cuarta transformación", concepto con el que define su obra de Gobierno.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, explicó que en diciembre, cuando el nuevo Gobierno asumió el poder, en el país se robaron 74.000 barriles diarios.

Tras la estrategia contra el "huachicol", en enero se robaron 18.000 barriles diarios, en febrero fueron 9.000, en marzo 8.000 y en lo que va de abril han sido 4.000.

Además, aseguró que Pemex ha logrado una "estabilización de la producción", que durante todo el año pasado fue descendiendo, y ahora ronda entre los 1,7 y 1,6 millones de barriles diarios.

Y aseveró que "ya no hay demanda sin atender", puesto que en febrero había 736 estaciones de servicio en todo el país que solicitaban algún tipo de combustible a Pemex pro culpa del desabastecimiento mientras que ahora son 3 estaciones.

De acuerdo con el Gobierno, el robo de combustible provocaba pérdidas de 65.000 millones de pesos anuales (unos 3.400 millones de dólares) en todo el país.

Por eso, tras asumir la Presidencia el 1 de diciembre, López Obrador optó por combatir este fenómeno desplegando a militares que evitaran los sabotajes de los oleoductos de Pemex por parte de ladrones.

Además, decidió que el combustible se trasladara mediante camiones cisterna, lo que provocó una distribución más lenta de la gasolina y una crisis de desabastecimiento durante enero en la capital y varios estados del país.

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar la explosión el 18 de enero de una tubería saboteada en Tlalhulilpan, en el céntrico estado de Hidalgo, que dejó al menos 135 de muertos entre las personas que extraían combustibles.

En su turno de palabra, la subsecretaria de la Secretaría de Gobernación Diana Álaverz, explicó que a raíz de esta tragedia el Gobierno decidió entregar apoyos humanitarios de 15.000 pesos a familiares de las víctimas para suplir costos funerarios o la manutención de menores huérfanos.

Además, se impulsó un plan de pensiones de adultos mayores, becas para la educación y ayudas contra la pobreza en los municipios en los que existe "huachicol" con el objetivo de que las familias no se vean obligadas a vender combustible robado para subsistir.