En el Egipto de Al Sisi aumentan las penas de muerte

Procesos masivos, condenas a muerte y ejecuciones aumentaron en el Egipto del presidente Abdel Fatah al Sisi, donde decenas de detenidos esperan en los corredores de la muerte el ahorcamiento.

Desde la destitución del presidente islamista Mohamed Mursi por el ex jefe del ejército en 2013, se ha impuesto una represión implacable a cualquier forma de oposición, sea islamista o no.

Varias familias de detenidos ejecutados o condenados a muerte contaron sus situaciones a la AFP, que escogió utilizar seudónimos para proteger sus identidades, así como la de un detenido que se encuentra en el corredor de la muerte.

El hermano de Leila, Amr, fue colgado en febrero.

"Supe una noche que debía ser ejecutado al día siguiente. Estábamos conmocionados. Mi madre se volvió loca", dijo, y agregó: "Fue una noche terrible. No se lo deseo a nadie".

El hombre era acusado, con otros ocho, de haber asesinado al ex procurador general Hisham Barakat, muerto en un atentado con coche bomba en junio de 2015.

Tras su detención en febrero de 2016, apareció, según su hermana, con huellas de torturas y cicatrices en el cuerpo.

"Ejecuciones arbitrarias"- En 2008, "al menos dos personas" fueron ejecutadas y "al menos cinco" en 2009, según Amnistía Internacional.

Según un informe publicado el miércoles por la ONG, Egipto ocupaba en 2018 el sexto rango mundial de la clasificación de penas de muerte aplicadas con al menos 43 personas ejecutadas.

Además, "el número de sentencias capitales pronunciadas subió rápidamente hasta alcanzar 717 condenas a muerte, la cifra más alta jamás registrada por Amnistía Internacional en el país", subrayó la ONG.

Y según un informe publicado recientemente por organizaciones locales de defensa de derechos humanos, 92 personas en total habrían sido ejecutadas en 2017 y 2018.

En 2019, al menos 15 personas ya fueron ejecutadas en Egipto, según conteo realizado por la AFP.

En una cumbre de dirigentes árabes y europeos en febrero en Charm el Sheij, Sisi defendió vivamente la pena capital. "Ustedes no van a enseñarnos nuestra humanidad... respétela... como nosotros respetamos la suya", dijo.

Interrogada, la relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, dijo que la utilización creciente de la pena de muerte en Egipto se asemeja a un caso de "ejecuciones arbitrarias" para reprimir las protestas.

"Presenciamos el alza de penas capitales de decenas por año antes en 2011 a centenares por año después de 2013", aseguró a la AFP Sahar Aziz, profesora de derecho en la Rutgers University, en New Jersey.

Por su lado, la ONG de defensa de derechos humanos Reprieve, considera que al menos 2.159 personas fueron condenadas a muerte entre 2014 y 2018. Centenares vieron sus penas conmutadas en penas de prisión, entre ellos el propio Mursi.

Desde 2014, la ONU había denunciado los procesos masivos en Egipto, considerados contrarios a la ley internacional.

Según una fuente judicial egipcia conocedora del sistema penal del país, "hay una politización de esos casos".

"¿Aplicamos el islam según sus leyes y eso les molesta? Si es un terrorista que mató, debe morir también", dijo la fuente judicial a la AFP bajo condición de anonimato.

La sharía, o ley islámica, es la principal fuente de la ley egipcia, según la Constitución de 2014. Legitima la utilización de la pena capital.

Abas es parte de unos cincuenta detenidos que esperan en los corredores de la muerte.

Fue condenado a muerte en 2015, en un proceso donde comparecían 183 acusados de haber atacado una comisaría en El Cairo en agosto de 2013, donde 11 policías y dos civiles murieron.

"Silencio internacional" "¿Cuántas audiencias son necesarias para que cada detenido tenga un proceso equitativo y pueda exponer su versión de los hechos?", dijo su hijo Osama.

Abas agotó todos los recursos e ignora cuándo será ejecutado.

"Mi padre fue condenado a muerte y también mi madre en cierta forma", dijo Osama, antes de agregar que "el gusto de la injusticia es amargo".

Según la profesora Aziz, la "velocidad inquietante" con que se recurre a la pena de muerte en este caso, muestra que se trata de un proceso "politizado" en beneficio de la represión.

Por su lado, la relatora Callamard considera que las circunstancias que llevan a esas condenas son "un gran tema de preocupación".

La relatora fustiga también a la comunidad internacional por no pedir más cuentas a Egipto.

"Ese silencio (internacional) se convirtió en una pequeña integrante del súbito incremento de las violaciones de los derechos humanos en Egipto", dijo.