Nicaragua reinicia diálogo, presos es primer punto de agenda
Representantes del gobierno de Nicaragua y de la opositora Alianza Cívica retomaron ayer el diálogo con un primer punto en la agenda: la liberación de todos los detenidos en el marco de las protestas sociales que comenzaron en abril.
El gobierno de Daniel Ortega anunció la víspera su decisión de cumplir esa demanda que beneficiaría a unos 640 "presos políticos" que, según el recuento de la oposición, permanecen encerrados en distintas cárceles del país.
Las partes acordaron que la liberación de los reos se realizaría en un plazo máximo de 90 días y que invitarían al Comité Internacional de la Cruz Roja para acompañar el proceso, pero ese plazo de tres meses ha sido cuestionado por algunos sectores de la oposición.
En un comunicado, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos demandó reducir el plazo a 15 días y exigió "que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último". La entidad asegura que 802 personas fueron arrestadas en 11 meses, de las cuales 162 han salido bajo libertad condicional.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó la incorporación de su enviado especial, Luis Rosadilla, como "testigo y acompañante internacional" de la negociación, misma función que realiza el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag.
En un mensaje de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que el diálogo es "condición necesaria para la paz, justicia, respeto a los derechos humanos y democracia".
También Estados Unidos reaccionó positivamente a la aprobación de la agenda. El embajador en Managua, Kevin Sullivan, dijo que "marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua".
El CICR, que ha visitado prisiones nicaragüenses desde que se inició la actual crisis, no se ha pronunciado públicamente sobre si aceptará la invitación de la mesa pero, en un breve mensaje a AP, señaló que si bien "no se involucra en procesos de negociaciones puede brindar su apoyo en procesos de liberaciones cumpliendo un rol estrictamente humanitario" siempre y cuando se garantice que podrá trabajar según sus principios.
Otro de los temas de la agenda es la democracia y la discusión de una reforma electoral según un esquema diseñado por la OEA y el gobierno de Nicaragua. El político opositor José Pallais dijo que ese proceso ahora deberá ser aprobado también por la Alianza Cívica, que exige un adelanto de los comicios presidenciales previstos para 2021.
Las partes también discutirán "fortalecer los derechos y garantías ciudadanas", donde la oposición espera incluir la restauración de la libertad de expresión, información y movilización, así como condiciones de seguridad para el retorno de más de 52.000 exiliados que abandonaron el país desde abril, indicó Pallais.
De acuerdo con la agenda divulgada, una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación y "de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones" al gobierno de Nicaragua, un tema de especial interés para Ortega.
Estados Unidos aprobó sanciones contra funcionarios del gobierno y allegados a Ortega que han sido señalados por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Por su parte, el Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea aplicar medidas similares en las próximas semanas.
Mientras tanto, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución en la que urge a la protección de los derechos y libertades fundamentales en el país.
Los Estados miembros del Consejo instruyeron además a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a que prepare "un informe exhaustivo por escrito" sobre la situación en Nicaragua y lo presente ante el período de sesiones del Consejo en septiembre.